El gobierno de Mozambique ha puesto en duda las propuestas de TotalEnergies para reactivar el megaproyecto de gas natural licuado (GNL) en Cabo Delgado, una de las mayores inversiones energéticas en África. Tras los retrasos por el conflicto armado en el norte del país, la petrolera francesa presentó una solicitud para ampliar diez años el contrato y aumentar el presupuesto en 4.500 millones de dólares, lo que ha despertado tensiones con las autoridades locales.
El presidente Daniel Chapo declaró que el Ejecutivo analizará minuciosamente las cifras antes de aprobar cualquier cambio. Según el mandatario, el país no aceptará sin justificación el sobrecosto de una obra que ya supera los 20.500 millones de dólares, y cuya suspensión desde 2021 por ataques insurgentes afectó gravemente a la economía nacional. Para el Gobierno, esta revisión será crucial para defender los intereses fiscales y soberanos del Estado.
TotalEnergies sostiene que el aumento del presupuesto responde a la necesidad de reforzar la seguridad y la infraestructura tras los ataques en Cabo Delgado, además de la inflación global en el sector de la energía. La compañía argumenta que los retrasos forzados por la violencia y las restricciones logísticas justifican la extensión del plazo contractual, una petición que el Gobierno considera prematura. Mientras tanto, ExxonMobil y Eni, socios clave en otros proyectos gasíferos, observan con cautela el curso de las negociaciones, pues un conflicto contractual podría frenar nuevas inversiones en el país.
Los analistas destacan que la tensión entre Maputo y TotalEnergies se inscribe en una disputa más amplia por el control de los beneficios del gas africano. Mozambique, que aspira a convertirse en uno de los mayores exportadores de GNL del mundo, enfrenta el dilema de asegurar rentabilidad sin ceder soberanía sobre sus recursos. Los retrasos en Cabo Delgado también afectan a la confianza internacional en un mercado donde el gas de África oriental compite con el de Catar y Estados Unidos.

El eventual desacuerdo con TotalEnergies refleja la intención del Gobierno mozambiqueño de redefinir su posición frente a las multinacionales. Si bien el proyecto promete ingresos multimillonarios por exportaciones, el Ejecutivo busca mayor participación local y transparencia en los contratos, una demanda que ha ganado fuerza tras los escándalos de corrupción de la década pasada. La cuestión central es si Mozambique puede mantener la confianza de los inversores sin ceder su capacidad de decisión.
Expertos regionales estiman que el Gobierno optará por una vía intermedia, renegociando los términos para asegurar mayor retorno fiscal y control operativo, sin poner en riesgo la continuidad de la inversión. La probabilidad de un acuerdo revisado antes de 2026 se considera alta (alrededor del 75%), aunque las tensiones podrían reavivar el debate sobre la dependencia de Mozambique del capital extranjero en su sector estratégico de energía.