La fiscal Fabiana León presentó su informe final antes de un juicio que promete ser histórico

La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires, Fabiana León, presentó su informe actualizado sobre la causa conocida como “Cuadernos” o “Fotocopias de los Cuadernos”, considerada —en palabras de la propia fiscal— “el paradigma de la gran corrupción”.

El juicio comenzará el 6 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, en lo que se anticipa como uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de la historia argentina. En el banquillo estarán la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, entre ellos el remisero Óscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso y actualmente imputado colaborador.

La acusación sostiene que los implicados lideraron, organizaron o integraron una asociación ilícita que funcionó dentro del Poder Ejecutivo Nacional y que, según la investigación, recaudaba dinero de empresas constructoras, energéticas y de transporte a cambio de la adjudicación de contratos de obra pública y concesiones.

“Esta causa demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, se trata de la investigación de hechos de corrupción más extensa en la historia judicial argentina y comparable solo con unas pocas a nivel mundial”, señaló León en su presentación.

Entre los nombres más relevantes que llegarán al juicio figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exfuncionario Roberto Baratta, y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Por el lado empresario, el listado incluye al primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, junto con Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona, entre otros.

En total, se juzgarán 540 hechos presuntamente delictivos. La fiscalía considera que el proceso no solo busca determinar responsabilidades penales, sino también marcar un precedente en materia de transparencia institucional y control del poder político y económico en Argentina.

GZ