Un procedimiento de alto impacto llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA), en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, logró desarticular una grave amenaza de atentado contra una escuela porteña.
La investigación se inició a partir de un informe crítico remitido por el Federal Bureau of Investigation (FBI) de la embajada de los Estados Unidos a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo de Horacio Azzolin. El reporte alertaba sobre un usuario en una red social que había manifestado su intención de realizar un tiroteo masivo en una institución escolar.

Ante la gravedad del mensaje, la fiscalía dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA. El personal especializado inició tareas de campo y análisis de información, logrando identificar al presunto autor: un joven argentino de 16 años con domicilio en el barrio porteño de Caballito.
Durante la pesquisa, los investigadores determinaron que el adolescente mostraba una marcada fascinación por el régimen nacionalsocialista nazi, y que además glorificaba a distintos "asesinos en masa" o tiradores múltiples, exaltando de manera constante conductas violentas.
Con las pruebas reunidas, la jueza María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, ordenó el allanamiento de la vivienda ubicada sobre la avenida Juan Bautista Alberdi.

En el operativo, los efectivos de la PFA identificaron y contuvieron al joven junto a su familia. La requisa del domicilio resultó en el secuestro de diversos elementos de interés para la causa:

Lo más alarmante fue el hallazgo de un escrito en el que el joven investigado describía un plan de ataque detallado previsto para el mes de noviembre. El plan contemplaba la simulación de una amenaza en un shopping cercano, para luego ingresar al establecimiento educativo, simular ser policía, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar el tiroteo.
El joven, detenido bajo la carátula de "Intimidación pública", quedó a disposición de la Justicia. El magistrado interventor ordenó su traslado inmediato al Cuerpo Médico Forense para realizar una evaluación psiquiátrica exhaustiva.