Privatizaciones al rojo vivo: el plan secreto del Gobierno en energía y transporte

El Gobierno nacional acelera el paso en su agenda de privatizaciones y busca aprovechar el impulso político de las últimas semanas para concretar el traspaso de activos clave de infraestructura y energía al sector privado. Con licitaciones previstas para noviembre y diciembre, la administración de Javier Milei apunta a consolidar el inicio de un proceso que se extenderá durante 2026.

En los despachos del Ministerio de Economía y de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas se ultiman los detalles para la primera gran adjudicación de la gestión libertaria: la llamada “ruta del Mercosur”. Según fuentes oficiales, siete empresas presentaron ofertas, y la preadjudicación se anunciará en las próximas dos semanas.

“El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, al confirmar el interés empresario. El funcionario confía en que este paso servirá como señal de que el proceso privatizador “ya está en marcha y no se detendrá”.

La segunda gran apuesta será la reprivatización de cuatro represas hidroeléctricas -Alicurá, El Chocón, Arroyito y Piedra del Águila-, por las que el Ejecutivo espera recaudar entre USD 500 y USD 700 millones. La apertura de sobres, prevista inicialmente para antes de las elecciones, se reprogramó para el 7 de noviembre tras pedidos de los grupos interesados. Entre ellos figuran los actuales concesionarios: AES Argentina, Enel, Central Puerto y Orazul, que podrían intentar retener sus operaciones e incluso competir por otras centrales.

Para 2025, el Gobierno prevé lanzar la segunda etapa de licitaciones viales, que incluirá unos 4.400 kilómetros actualmente bajo la órbita de Corredores Viales. El paquete contempla las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery, además de tramos de las rutas nacionales 3, 5 y 7, y accesos a los puertos del Paraná. Una tercera etapa, encabezada por la ruta 9, se proyecta para los primeros meses de 2026.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en distintos frentes para avanzar con las empresas energéticas. En Enarsa, se definió que la venta será “por unidades”, comenzando con las represas del Comahue. También se prevé poner en el mercado las acciones estatales de Transener, la principal transportista eléctrica del país, antes de febrero.

Otra de las piezas centrales es Aysa, donde se realiza una valuación previa a la venta mayoritaria de acciones en la Bolsa. El Belgrano Cargas, por su parte, podría salir a licitación entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

Hacia diciembre, el Gobierno planea lanzar también los nuevos pliegos para la Hidrovía, un activo clave para el comercio exterior, y analiza acelerar la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina a fines de año o en los primeros meses de 2026.

Si bien muchas de las operaciones quedarán para el próximo año, la Casa Rosada busca dar una señal política inmediata de que “el Estado dejará de ser empresario”, como repiten los funcionarios libertarios. En esa línea, ya se trabaja en un nuevo listado de firmas a enviar al Congreso, que podría incluir Arsat, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, algunas de las cuales habían quedado fuera de la Ley Bases sancionada en julio de 2024.

GZ