Denuncian el uso discrecional de fondos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria

En las últimas horas, comenzaron a circular dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) una serie de denuncias que ponen bajo la lupa el funcionamiento interno de la fuerza.

Los reclamos apuntan directamente contra su titular, Alfredo Hernán Gallardo, por supuestos manejos discrecionales de fondos públicos, nepotismo y un clima de persecución hacia el personal que intenta exponer irregularidades.

De acuerdo con testimonios de agentes a los que accedió este medio, el malestar crece por la falta de recursos para adicionales, comisiones y traslados, que contrastaría con gastos considerados superfluos en áreas vinculadas a la dirección nacional.

Uno de los puntos más controvertidos es la compra de drones adquiridos para uso personal del hijo del director, Juan Manuel Gallardo Altieri, quien fue designado como responsable de una nueva oficina de aviación dentro de la fuerza.

Según los denunciantes, Gallardo Altieri, civil y con formación cuestionada en aviación, desempeña el cargo junto a su pareja, ambos sin carrera policial. “Es un civil acomodado, que se cree intocable” dicen en la PSA, al tiempo que afirmó que quienes intentan contradecir sus órdenes son trasladados de forma repentina a otras unidades, sin cobertura de gastos ni mudanza.

Uno de los casos mencionados es el de agentes desplazados desde la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva (UOSP) Rosario hacia Río Grande, quienes, según se detalla, aún esperan el pago de los pasajes aéreos. En paralelo, el documento difundido internamente acusa a las áreas de Control Policial y Auditoría de Asuntos Internos de funcionar como mecanismos de disciplinamiento.

Las denuncias advierten que se estarían aplicando disponibilidades preventivas o desafectaciones del servicio por motivos menores, sin sustento judicial, lo que violaría lo dispuesto por el Decreto 836, que establece el carácter estrictamente preventivo de esas medidas. A su vez, señalan que casos de mayor gravedad —como presunta malversación de fondos, apuestas ilegales y abusos sexuales— no habrían recibido igual atención.

Entre esos episodios, se menciona la situación de una oficial que denunció abuso sexual ante la Justicia y cuya presentación habría sido ignorada por las autoridades, mientras el presunto agresor continúa en funciones.

Las acusaciones alcanzan no sólo a Gallardo, sino también a la directora de Control Policial, Cornelia Schmidt-Liermann, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quienes integrantes de la fuerza señalan por “mirar hacia otro lado” frente a las advertencias internas.

Cuestionamientos personales y viajes al exterior

En paralelo, trabajadores de la PSA pidieron que se investigue el motivo por el cual Juan Manuel Gallardo y su pareja habrían pasado cerca de un mes en Estados Unidos, en medio de las restricciones presupuestarias que afectan a la fuerza. El episodio, sumado a los antecedentes familiares y la falta de controles sobre la gestión interna, profundizó las sospechas y el descontento dentro del cuerpo policial.

Con las denuncias aún sin respuesta formal, la crisis interna de la PSA amenaza con escalar y poner en tensión a la conducción política del Ministerio de Seguridad.

GZ