La reforma laboral volvió al centro de la escena política tras las elecciones legislativas, y el Gobierno de Javier Milei se prepara para insistir con los cambios que no logró aprobar en su primera etapa de gestión. Así lo explicó la investigadora del CONICET Ianina Harari, en diálogo con REALPOLITIK.FM, quien recordó que “el Gobierno ya había intentado avanzar con varios artículos que no lograron aprobarse en el Congreso de la Nación”.
Harari señaló que “cuando el Ejecutivo dictó el DNU 70, ese decreto incluía un capítulo laboral que fue suspendido por la Justicia”, y que luego se intentó incorporar en la Ley Ómnibus y la Ley Bases, aunque “muchos artículos quedaron afuera”. Con el nuevo escenario parlamentario, la especialista considera “bastante probable que el Gobierno vuelva a la carga sobre los puntos que quedaron pendientes”.
En otro tramo de la entrevista, Harari fue tajante respecto de los efectos que podría tener la reforma: “El objetivo es profundizar una tendencia que ya existe hace décadas: la degradación del empleo, el crecimiento del trabajo informal y la precarización laboral”. Y añadió: “Con o sin reforma, esas dinámicas avanzan, pero con una nueva reforma lo harán más rápido”.
Sobre el impacto en el sector público, la historiadora recordó que “los trabajadores estatales fueron los más atacados por el Gobierno, no solo por los despidos y la caída de salarios, sino también por la reducción de los contratos de un año a tres meses”. Sin embargo, aclaró que “el foco principal del Ejecutivo está puesto en modificar las condiciones de los trabajadores registrados”.
Harari también cuestionó la supuesta novedad de algunas medidas incluidas en los borradores del proyecto: “Muchas de las cosas que el Gobierno presenta como nuevas ya existen. Solo buscan incorporarlas a la legislación”. Como ejemplo, mencionó el banco de horas, una modalidad que “ya se utiliza para que las empresas distribuyan las horas de trabajo sin pagar horas extras”.
Entre los aspectos más sensibles, destacó la intención del Gobierno de eliminar dos principios históricos del derecho laboral argentino: “El indubio pro operario, que establece que ante una duda se favorece al trabajador, y el principio de irrenunciabilidad, que impide acordar condiciones individuales por debajo de los derechos garantizados”.
Finalmente, Harari rechazó el argumento oficial que vincula reforma laboral con creación de empleo. “Está comprobado que las reformas laborales no generan más trabajo. En los ‘90, con Carlos Menem y Fernando de la Rúa, se aplicaron reformas muy profundas y el desempleo alcanzó niveles récord”, recordó.
Y concluyó con dureza: “Es falsa la asociación entre reforma laboral y generación de empleo. Los niveles de ocupación dependen de la actividad económica, no de los cambios legales. Son medidas que ya se probaron, fracasaron y hoy se pretende insistir con el mismo remedio que no funciona”.
GZ