La supuesta víctima del caso “secta rusa” acusa a los fiscales por abuso y violencia institucional

Elena Makarova, la joven madre que durante días fue exhibida como víctima de una secta rusa en Bariloche, se plantó ante la Justicia y acusó a los fiscales que llevaron adelante la investigación.

La presentación, que ingresó con tono grave y firmeza quirúrgica, no deja dudas sobre la intención de la denunciante: desmontar la historia que la convirtió en caso mediático y señalar directamente al Ministerio Público Fiscal como autor de abusos y arbitrariedades.

En su escrito, Makarova asegura que no fue salvada de nada. Al contrario: sostiene que fue ella quien quedó atrapada en lo que describe como un mecanismo institucional asfixiante. “Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”, escribió, aludiendo a los fiscales federales Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus, todos recusados en la misma presentación.

Los acusa de parcialidad, abuso de funciones, coacción, privación ilegítima de la libertad y reducción a servidumbre. Y suma un capítulo sensible: denuncia que durante su internación -donde dio a luz- fue sometida a violencia obstétrica, sin control sobre su propio cuerpo ni su teléfono, aislada y bajo vigilancia.

El caso estalló en marzo, cuando trascendió que una ciudadana rusa había sido “rescatada” de una secta que la habría retenido para apropiarse de su hijo. La versión oficial duró horas antes de convertirse en titular.

Pero ahora Makarova asegura que esa historia fue armada, que la denuncia que la activó no fue anónima -como se informó- sino realizada por un jefe médico, y que el expediente “se sostuvo más en prejuicios y urgencias mediáticas que en hechos reales”.

El detonante, según su relato, no fue una situación de explotación, sino su decisión de alejarse de una expareja violenta en Rusia y buscar refugio para el nacimiento de su hijo. Llegó a Bariloche acompañada por una amiga de su madre y asistida por una traductora que luego también terminó detenida.

En su denuncia, Makarova describe el tramo más áspero de su paso por el sistema de salud y el judicial: inducida al parto sin consentimiento, presionada para revelar la identidad del padre, sin documentos, custodiada y sin comunicación libre.