Caso María Cash: la fiscalía pidió anular el sobreseimiento del camionero imputado

La causa por la desaparición de María Cash volvió a escena judicial trece años después. En una audiencia oral ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, el fiscal general Eduardo Villalba, en representación de la Unidad Fiscal Salta, pidió revocar el sobreseimiento dictado en mayo a favor del camionero Héctor Romero, único imputado por el homicidio calificado por alevosía de la joven.

Villalba expuso ante los jueces Santiago French, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas y Ernesto Solá que la resolución que favoreció a Romero adolece de “irregularidades y un análisis parcializado”. Solicitó que la investigación continúe bajo la titularidad de la jueza Mariela Giménez, pero sea remitida a otro juzgado. La querella —representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar— adhirió al pedido de revocatoria y reclamó también el reemplazo de la magistrada. La defensa del camionero rechazó los planteos.

Durante su exposición, el fiscal repasó la línea temporal de la desaparición de Cash: su salida de Buenos Aires rumbo a Jujuy el 4 de julio de 2011, su paso por Santiago del Estero y su llegada a Torzalito, Salta, donde fue vista por última vez cuatro días después. “Por última vez, la vieron con su morral parada en la ruta, en dirección al sur”, describió.

Villalba reconstruyó testimonios que mostraron a la joven en estado vulnerable y desorientada, y destacó el rol de René “Tucho” Torres, testigo fallecido que señaló que Cash subió a un camión Mercedes Benz blanco con la leyenda “Catita”, dato que permitió identificar a Romero.

El fiscal sostuvo que el camionero nunca se presentó voluntariamente, pese a la notoriedad del caso, y que su versión presenta incongruencias graves entre la declaración escrita y el registro audiovisual de la indagatoria. Añadió que abogados allegados al transportista habrían dado declaraciones falsas para sostener su coartada, desviando la investigación “hacia flancos inconducentes” y generando desgaste en la búsqueda.

También cuestionó supuestas maniobras de encubrimiento vinculadas al empresario para el que trabajaba Romero, e hizo hincapié en intervenciones telefónicas que, afirmó, comprometen al imputado. Entre ellas, conversaciones donde el chofer instruiría a un testigo sobre qué declarar y referencias de allegados que mencionan que “el quilombo está hecho hace 13 años”. En otro audio, se menciona: “Parece que le han descuartizado a la mina y bueno ‘Romero’ ha sido el último que la llevó hasta ahí”.

Villalba remarcó fallas periciales, como reconstrucciones del trayecto hechas con un conductor amigo del acusado, y marcaciones caninas valoradas de manera insuficiente. Según su hipótesis, Romero confundió a Cash con una trabajadora sexual en un punto habitual de levantamiento de pasajeros en ruta.

En el cierre, afirmó: “Luego de reunir todas las pruebas, tengo certeza de su autoría en el crimen de María”, y pidió a los jueces “un análisis completo de la causa, ya que María Cash merece que se sepa la verdad”.

La Cámara adelantó que, por la complejidad del caso, extenderá plazos para dictar resolución, aunque prometió una definición este año. La familia de Cash aguarda, una vez más, respuesta judicial en una causa marcada por años de pistas falsas, desvíos y esperas interminables.