Alerta por “testaferros de armas”: la fiscalía detecta maniobras para abastecer al crimen organizado

La Unidad Fiscal Especializada en Armas (UFIARM) encendió las alarmas sobre un mecanismo silencioso pero cada vez más extendido: la utilización de “testaferros de armas” o compradores ficticios, personas con permisos legales que adquieren armamento para entregarlo a terceros no habilitados, con posible conexión a organizaciones criminales.

El documento, elaborado bajo la dirección del fiscal general adjunto Gabriel González Da Silva y coordinado por la auxiliar fiscal Paulina Gómez, identifica patrones de comportamiento y señales de alerta observadas en investigaciones preliminares sobre este esquema encubierto de abastecimiento ilegal.

Según la fiscalía, estos operadores actúan bajo apariencia de legalidad, pero forman parte de estructuras organizadas donde convergen usuarios habilitados, gestores, armerías y redes criminales. Las maniobras pueden exceder la entrega ilegal de armas prevista en el artículo 189 bis del Código Penal, y derivar en delitos más graves como falsificación de documentos públicos, contrabando o asociación ilícita.

El informe detalla indicadores de riesgo, que incluyen inconsistencias en el domicilio declarado, capacidad económica que no condice con el volumen de compras, adquisición repetida de armas de cierto tipo y dudas sobre su paradero o destino final. La recurrencia en estos parámetros fue detectada en casos complejos, lo que llevó a sistematizarlos como herramientas para una detección temprana.

Para la UFIARM, el fenómeno representa un desafío estratégico: armas que ingresan por la vía legal pueden terminar en manos de grupos criminales, alimentando circuitos violentos y dificultando su trazabilidad. El objetivo del trabajo es reforzar la capacidad de registro, control y persecución penal, y promover un abordaje conjunto entre fiscalías, fuerzas de seguridad y organismos de control.

“Se trata de maniobras que, detrás de la fachada de legalidad, esconden engranajes delictivos”, advierten fuentes judiciales. Con este insumo, el Ministerio Público Fiscal apunta a cerrar el paso a operadores encubiertos y cortar rutas de suministro que impactan de lleno en la seguridad ciudadana.