El oscuro legado del crimen: cómo el asesinato de Manzo golpea a Sheinbaum

El asesinato del alcalde Carlos Manzo en el municipio de Uruapan, Michoacán, ha encendido las alarmas sobre la efectividad de la política de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de las promesas de combatir la impunidad y reforzar la presencia estatal, la ejecución de un funcionario que había denunciado amenazas criminales revela que el Estado sigue sin controlar amplias zonas bajo influencia del narcotráfico.

Manzo, conocido por su postura firme contra los cárteles que operan en la región aguacatera, fue asesinado durante un acto público pese a contar con escoltas de la Guardia Nacional. Su muerte se suma a una larga lista de ataques contra autoridades municipales, evidenciando que los programas federales de pacificación no han logrado frenar la violencia política ni garantizar protección a quienes desafían al crimen organizado.

Promesas incumplidas y reacción tardía

La presidenta Sheinbaum prometió justicia inmediata y convocó a su gabinete de seguridad tras el crimen, pero su respuesta ha sido criticada por reactiva y discursiva. Diversos analistas señalan que, tras más de un año en el cargo, el gobierno federal aún no presenta una estrategia clara para reducir los homicidios ni un plan integral para fortalecer las instituciones locales en estados dominados por la violencia.

Los expertos advierten que la administración repite el patrón de centralizar decisiones sin resultados efectivos, mientras los gobiernos estatales carecen de recursos para enfrentar a los grupos armados. En Michoacán, las denuncias de extorsión, control territorial y asesinatos de autoridades aumentaron más de un 20% en lo que va del año, según cifras oficiales.

No solo era un alcalde; era un padre, un esposo, un hijo, un hermano, CARLOS MANZO devolvio la esperanza al Pueblo de que las cosas iban a mejorar,.😭 pic.twitter.com/0hCSQH8j17

— PALOMA♥️Rodríguez 🌹🌺😍☀️🥰♥️🌻😍🌺♥️ (@PalomaF56064721) November 3, 2025

Un golpe a la credibilidad presidencial

El asesinato del alcalde representa un duro golpe a la narrativa de orden y gobernabilidad que Sheinbaum intenta proyectar desde Palacio Nacional. La incapacidad para prevenir el crimen, pese a las advertencias previas, alimenta la percepción de que el gobierno federal subestimó la amenaza del narcotráfico y mantiene una política de seguridad más simbólica que operativa.

Mientras la mandataria insiste en que la paz se construye con justicia social, las cifras de homicidios y ataques a autoridades locales cuestionan la eficacia de esa visión. En regiones como Michoacán, Guerrero y Zacatecas, la violencia se mantiene como una constante estructural, y los funcionarios públicos siguen pagando con su vida el costo de enfrentar al crimen.