El reconocido ginecólogo Jesús Luján, conocido por promover el llamado “parto humanizado”, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, luego de permanecer prófugo de la Justicia mexicana durante casi un año. Luján era buscado por una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que lo acusa del delito de práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa, tras denuncias de mujeres que aseguran haber sufrido graves daños bajo su atención.
El caso de Luján se convirtió en un emblema de la lucha contra la violencia obstétrica en México. Desde 2023, al menos 14 mujeres denunciaron cirugías innecesarias, uso de fármacos sin consentimiento y negligencia médica, según investigaciones periodísticas. Tras su imputación, obtuvo libertad condicional, pero incumplió las medidas impuestas y se fugó a Estados Unidos, donde fue localizado por autoridades migratorias en el centro de detención de Otay Mesa, en San Diego.
Luego de su salida de México, Luján intentó mantener un perfil bajo en California y Texas, mientras las denunciantes agrupadas en el colectivo Con Ovarios presionaban por su captura. Su detención por parte del ICE representa un avance en un proceso que había quedado paralizado. Ahora, las autoridades mexicanas preparan su solicitud formal de extradición, la cual dependerá de los acuerdos bilaterales y de la colaboración judicial entre ambos países.
El ginecólogo, que fundó la clínica Pronatal en la Ciudad de México, había construido una imagen de innovador en la atención del parto. Sin embargo, detrás de su discurso de respeto al cuerpo femenino, las denuncias describen abusos sistemáticos y una relación de poder que vulneró los derechos de sus pacientes. Las autoridades mexicanas consideran que su captura podría abrir un precedente judicial inédito en materia de responsabilidad médica.
El caso reaviva el debate sobre la impunidad en el sistema de salud mexicano, donde los casos de negligencia suelen quedar sin sanciones efectivas. La extradición de Luján, de concretarse, podría ser vista como un punto de inflexión en la forma en que se abordan los delitos médicos y las denuncias de mujeres contra profesionales con poder económico o mediático. También refleja una mayor cooperación judicial con Estados Unidos, que en los últimos años ha colaborado activamente en casos de alto perfil.
En un país donde la mortalidad materna sigue siendo una de las más altas de la OCDE, este episodio expone la urgencia de revisar las prácticas obstétricas y reforzar los mecanismos de control sobre el ejercicio médico privado. El caso Luján no solo pone en tela de juicio a un profesional, sino también a un modelo sanitario que a menudo confunde prestigio con impunidad.

La detención de Jesús Luján evidencia una tensión entre la confianza social en la medicina privada y la capacidad del Estado para garantizar justicia. Su proceso podría convertirse en un precedente judicial importante para cientos de mujeres que han denunciado abusos obstétricos sin respuesta. También revela que la reputación profesional no debe blindar a nadie frente a la rendición de cuentas.
Si bien su extradición a México no está asegurada, la presión pública y mediática aumenta la probabilidad de que el caso avance. A largo plazo, este episodio podría impulsar reformas para fortalecer la fiscalización médica y la protección de pacientes, marcando un antes y un después en la manera en que se persigue la negligencia en el sector salud.