La invitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a una funcionaria del régimen cubano generó un fuerte rechazo en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos. El hecho ocurrió en el marco de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que será celebrada el 5 y 6 de noviembre, donde participará Maite Vigoa de la Uz, coordinadora de programas y objetivos de la Oficina del Historiador de La Habana, una entidad dependiente del gobierno de Miguel Díaz-Canel.
La presencia de Vigoa de la Uz es interpretada como un gesto de legitimación diplomática hacia un régimen acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En los últimos años, organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la represión de disidentes, la persecución de periodistas independientes y las detenciones arbitrarias en Cuba, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021. Para sectores opositores y activistas cubanos, la participación de un representante de La Habana en un evento organizado por una administración democrática como la de Jorge Macri resulta una contradicción ética.
La UCCI, con sede en Madrid, agrupa a 21 capitales iberoamericanas y funciona como espacio de cooperación municipal. Sin embargo, la organización incluye a La Habana como miembro pleno desde 1982, lo que implica su presencia automática en las asambleas generales. Aun así, el Gobierno porteño fue señalado por no haber manifestado ninguna objeción ni distanciado su imagen de una funcionaria vinculada a un régimen autoritario. Para sus críticos, esto equivale a una forma de blanqueo diplomático.
El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios y organizaciones cuestionaron la participación de una representante del gobierno cubano en un evento promovido por una administración democrática. La controversia derivó en pedidos públicos de explicaciones al Ejecutivo porteño, que hasta el momento no emitió ningún comunicado oficial.

El trasfondo de la polémica radica en la contradicción entre el discurso democrático que promueve la Ciudad de Buenos Aires y la presencia de una funcionaria de un Estado unipartidista que no permite elecciones libres ni pluralismo político. En Cuba, más de mil presos políticos continúan encarcelados, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y la libertad de expresión está severamente restringida. Para diversas voces del arco opositor, recibir a un emisario de ese régimen equivale a validar sus prácticas represivas.

Mientras el evento continúa su curso institucional, la controversia deja en evidencia los vacíos diplomáticos y la falta de posicionamiento claro del gobierno de Jorge Macri frente a temas de derechos humanos. En un contexto regional donde la defensa de la democracia se ha vuelto un eje de disputa política, el silencio porteño se percibe como una concesión inaceptable.
