Báez y su hijo deberán devolver 55 millones de dólares

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la orden de decomiso de bienes por un total de 54,8 millones de dólares contra Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, tras rechazar los recursos presentados por sus defensas. La medida, enmarcada en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”, implica la pérdida definitiva de propiedades, vehículos y fondos en el exterior.

El fallo de la Sala IV integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos respaldó la decisión del Tribunal Oral Federal N°4, que dispuso la ejecución del decomiso luego de que la Corte Suprema confirmara las condenas por lavado de dinero.

Las maniobras investigadas se desarrollaron entre 2010 y 2013, y están vinculadas con presuntos hechos de corrupción en obras públicas de Santa Cruz.

Según la investigación, el patrimonio del empresario alcanzó 440 inmuebles, 972 vehículos y máquinas viales, además de cuentas bancarias en el extranjero. Muchas de esas propiedades ya fueron subastadas en etapas previas.

En 2017, el total del patrimonio familiar fue valuado en 3.058 millones de pesos, equivalentes a 205 millones de dólares según el tipo de cambio de aquel momento. Báez padre continúa cumpliendo una condena de 15 años de prisión en el penal de Ezeiza, mientras que su hijo fue condenado a 6 años y medio.

Además, Lázaro Báez enfrenta un decomiso adicional de 5 millones de dólares y más de 4 millones de pesos, derivados de otros tramos de la misma causa.

El Tribunal dispuso también la repatriación de fondos en cuentas de Suiza y Bahamas, entre ellas una por 907 mil dólares en el banco Lombard Odier, y dos por más de 4 millones de euros en el CBH Bank.

Entre los bienes recuperados figuran también dos aeronaves un Rockwell Commander y un Learjet que fueron subastadas por un total de 4,3 millones de pesos, fondos que se destinarán a la Corte Suprema de Justicia.

Sobre los plazos y la ejecución del decomiso

El fallo de Casación no fija una fecha precisa para la devolución efectiva del dinero. Según fuentes judiciales citadas el proceso dependerá de la ejecución del Tribunal Oral Federal N°4, que deberá coordinar con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Banco Nación la liquidación y el destino final de los activos.

Por el momento, no se trata de una expropiación, sino de la ejecución judicial del decomiso, una figura prevista en el Código Penal que implica que los bienes pasan a ser propiedad del Estado una vez firme la sentencia.

Sin embargo, las defensas aún pueden recurrir a la Corte Suprema, lo que podría demorar la aplicación plena de la medida.

FS