La pelea entre Sturzenegger y Pettovello frena la reforma laboral de Milei

En el corazón del Gobierno libertario se desató una nueva interna que amenaza con frenar una de las piezas centrales del programa económico: la reforma laboral. Mientras Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, impulsa su propio proyecto, el secretario de Trabajo Julio Cordero, bajo el ala de Sandra Pettovello, prepara otro borrador junto al abogado empresario Julián de Diego. Entre ambos equipos no hay interlocución ni coordinación.

El presidente Javier Milei pretendía enviar al Congreso en sesiones extraordinarias los proyectos de reforma laboral y fiscal, pero la disputa entre las dos áreas clave podría convertir el plan en lo que un funcionario definió con crudeza como “un Frankenstein”. La pulseada interna deja al descubierto la falta de conducción política en un tema que el oficialismo considera “estructural” para su modelo económico.

Tanto Sturzenegger como Cordero coinciden en un punto: sus iniciativas no apuntan a las PyMEs, sino a los intereses de las grandes empresas. El ministro busca insistir con las herramientas del DNU 70/2023 y del DNU 340/2025, en especial la limitación del derecho a huelga. Aquella cláusula fue declarada inconstitucional por la jueza Liliana Fullana, quien recordó que con el Congreso en funciones no puede gobernarse por decreto.

Aun así, Sturzenegger sostiene que la reforma busca formalizar el empleo y niega que implique recortes de derechos o una jornada laboral de 12 horas. Su respaldo político llega desde la Unión Industrial Argentina y del dirigente de la UOCRA Gerardo Martínez, una alianza inusual entre un técnico liberal y un histórico sindicalista peronista.

En paralelo, Julián de Diego anticipó los ejes del texto que elabora con Cordero y Miguel Ángel Punte (ex-Techint): salario dinámico con aumentos por productividad, flexibilización de la negociación colectiva, acuerdos por empresa y un sistema de banco de horas según la actividad. En los hechos, una agenda de flexibilización que podría tensar aún más la relación con los sindicatos.

La falta de comunicación también se extiende al ámbito económico. Juan Pazo, al frente del ARCA, trabaja en una reforma fiscal sin coordinación con las áreas laborales. En los pasillos oficiales admiten que, si las empresas terminan pagando menos impuestos pero no se crea empleo, el resultado podría ser doblemente negativo: menor recaudación y menos fondos para la seguridad social.