La campaña electoral de Costa Rica comenzó bajo un clima de alta tensión política. El presidente Rodrigo Chaves, conocido por su estilo confrontativo, ha decidido enfrentarse directamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tras una resolución que prohíbe la difusión de mensajes gubernamentales en redes sociales durante la campaña. La medida busca garantizar la neutralidad institucional, pero el mandatario la considera una censura que limita su comunicación con la ciudadanía. Este choque marca un punto de inflexión en un país históricamente reconocido por la estabilidad y el respeto a las reglas democráticas.
La respuesta del TSE no se hizo esperar. Su presidenta, Eugenia Zamora, acusó a Chaves de poner en riesgo la paz política y socavar la confianza pública en el árbitro electoral. El órgano solicitó al Congreso el levantamiento del fuero presidencial para investigarlo por presunta beligerancia política, un paso sin precedentes recientes. La iniciativa ha provocado un intenso debate institucional y polarizado a la opinión pública entre quienes ven en Chaves una amenaza y quienes creen que enfrenta una élite judicial conservadora.
La confrontación entre el Ejecutivo y el TSE llega en un momento en que Costa Rica enfrenta una ola de descontento social y desafección política. La extensión de la veda electoral al ámbito digital tocó un punto sensible para un gobierno que ha hecho de las redes su principal herramienta de comunicación. Analistas advierten que el discurso del presidente, al denunciar un supuesto “golpe judicial”, busca fortalecer su base electoral a costa de las instituciones. La tensión ha escalado a tal punto que varios observadores internacionales ya expresaron preocupación por el deterioro del clima electoral.

El próximo 1 de febrero, los costarricenses votarán en un contexto de fragmentación política. Chaves no puede presentarse a la reelección, pero impulsa la candidatura de Laura Fernández, su aliada y ministra de Planificación. Aunque el oficialismo mantiene una presencia territorial sólida, los sondeos indican que más del 50% del electorado sigue indeciso, lo que podría forzar una segunda vuelta. Si Fernández no logra superar el umbral del 40% de votos válidos, el chavismo podría perder el control del Ejecutivo pese a su fuerte aparato comunicacional.
El conflicto entre Chaves y el TSE no solo define la campaña: pone a prueba la madurez democrática del país. Costa Rica ha sido un referente de institucionalidad en la región, pero su equilibrio depende de que las partes acepten los límites del poder. Si la retórica presidencial logra erosionar la credibilidad del tribunal, podría abrirse un precedente riesgoso que trascienda el resultado electoral.
La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, asegura que el Presidente Rodrigo Chaves está amenazando la paz y la estabilidad política del país #NM935 pic.twitter.com/IhSXv8tcXl
— Noticias Monumental (@MonumentalCR) October 30, 2025
Las probabilidades apuntan a una segunda vuelta con 60-70% de chances, mientras que el avance del proceso de desafuero tiene una viabilidad menor, cercana al 40%, por el costo político que implicaría. Con un electorado volátil y un discurso oficialista centrado en la confrontación, el desenlace dependerá de quién logre capitalizar el hartazgo social sin romper el delicado consenso institucional que define a Costa Rica.