La memoria se ha convertido en el nuevo campo de batalla política en América Latina. En Colombia, Gustavo Petro intenta imponer su visión sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, un episodio que aún divide a víctimas, militares y antiguos miembros del M‑19. En México, Claudia Sheinbaum enfrenta un desafío similar con el caso Ayotzinapa, donde once años después de la desaparición de los 43 normalistas las familias aún esperan una verdad completa. Ambos gobiernos apelan a la memoria como herramienta de legitimidad, pero también como territorio de disputa con las instituciones y la sociedad.
El intento de redefinir la narrativa oficial refleja una tensión entre el poder político y la verdad judicial. Petro insiste en que la historia del Palacio fue “contada por los vencedores” y busca reivindicar al M‑19 como parte de una gesta democrática, mientras Sheinbaum promete no cerrar el expediente Ayotzinapa hasta conocer el papel real de las Fuerzas Armadas. En los dos casos, la memoria se entrelaza con la identidad del Estado y con el uso del pasado para justificar políticas presentes.
En Bogotá, el 40º aniversario de la tragedia del Palacio reavivó las contradicciones entre testimonios, pruebas forenses y discursos políticos. Petro ha centrado sus esfuerzos en desacreditar la versión que vincula al M‑19 con el narcotráfico, y en denunciar los crímenes cometidos por los militares durante la retoma. Pero su estrategia excluye el reconocimiento pleno de las responsabilidades del grupo guerrillero, lo que provoca fricciones incluso entre antiguos compañeros como Otty Patiño o Antonio Navarro. La verdad judicial, lenta y fragmentada, no acompaña el ritmo de la narrativa presidencial.
En México, la disputa por los archivos militares y la información clasificada reproduce el mismo dilema: el poder político promete transparencia, pero las instituciones castrenses se resisten a abrir sus documentos. El caso Ayotzinapa sigue sin cierre judicial y con una opinión pública que oscila entre la desconfianza y el cansancio. Los informes del GIEI y las denuncias de las familias mantienen viva la sospecha de ocultamiento estatal, mientras el gobierno intenta conciliar justicia con gobernabilidad.
Muy bien Nueva York, algún día te volveré a ver. pic.twitter.com/ZkR1ln4Spj
— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2025
El uso del pasado por parte de ambos presidentes plantea una pregunta de fondo: ¿se trata de memoria democrática o de manipulación política? Petro y Sheinbaum recurren a los símbolos —la espada de Bolívar en Colombia, las marchas de los padres en México— para proyectar empatía y autoridad moral. Sin embargo, su insistencia en dominar el relato puede generar nuevas fracturas en sociedades donde la confianza en el Estado sigue debilitada. La historia, convertida en instrumento de gobierno, corre el riesgo de sustituir la justicia por la retórica.
En Palacio Nacional encabezamos reunión de Gabinete Legal y Ampliado para coordinar la organización de consultas sobre el Plan Michoacán por la paz y la justicia. pic.twitter.com/zBURp4inhw
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 5, 2025
La coincidencia temporal entre ambos procesos muestra que América Latina atraviesa una etapa de revisión de sus heridas históricas, donde los líderes disputan el papel de narradores y las víctimas reclaman el derecho a no ser utilizadas. Tanto en Bogotá como en Iguala, la verdad avanza más despacio que los discursos. La memoria, que debía unir, se transforma otra vez en escenario de poder.