Discapacidad en emergencia: denuncian cierres de centros y aumento insuficiente

El sistema de atención a personas con discapacidad atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. Aunque la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso aumentos del 29% y 35% en los aranceles para el último trimestre, las entidades del sector afirman que la medida es insuficiente y no cumple con los parámetros de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en 2024.

“El anuncio del Gobierno es absolutamente insuficiente. No respeta la ley y no cubre ni la mitad del atraso arancelario. Llega tarde y mal, con instituciones que se endeudan para pagar sueldos, honorarios y cargas sociales”, sostuvo Alex Goldman, referente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS).

Según datos de la organización, una de cada cinco instituciones en la provincia de Buenos Aires cerró sus puertas en los últimos meses. “No se puede sostener un funcionamiento ni una atención digna para las personas con discapacidad”, advirtió Goldman.

Pagos demorados y deudas crecientes

El aumento dispuesto por la ANDIS será escalonado y se aplicará sobre los aranceles que cubren obras sociales y prepagas, pero los nuevos valores recién se percibirán entre marzo y abril de 2026 por el sistema de facturación a mes vencido. A eso se suman los plazos de pago, que en muchos casos superan los 90 días.

“Mientras el Gobierno habla de acompañamiento y previsibilidad, las instituciones trabajan con aranceles congelados y se financian con deuda. Los aumentos se licúan antes de llegar a las cuentas”, agregó Goldman.

El atraso, remarcan, repercute en todos los servicios: desde los salarios de profesionales y terapeutas hasta el transporte, la alimentación y el mantenimiento de los establecimientos.

Ante la falta de respuestas, CAIDIS y otras entidades presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) y el cumplimiento de la compensación económica prevista por esa norma, una deuda que —según estimaciones del sector— ya supera los dos años de mora.

“Estamos en estado de alerta. Si no se aplica la ley, miles de instituciones en todo el país van a seguir cerrando, con la pérdida de empleos y la interrupción de terapias y servicios esenciales”, advirtió el dirigente.

El sistema prestacional de discapacidad atiende a más de 300.000 personas en todo el país a través de servicios de educación especial, atención médica, transporte adaptado y acompañamiento terapéutico, en su mayoría brindados por organizaciones privadas o sin fines de lucro que dependen de los aranceles oficiales.

Con el deterioro del financiamiento, muchas entidades redujeron personal, acotaron prestaciones o suspendieron talleres y terapias. En los casos más críticos, los pacientes quedaron sin atención por el cierre definitivo de los centros.

Desde CAIDIS detallan por qué consideran insuficiente el aumento anunciado por el Gobierno:

-Los incrementos llegan con meses de retraso y sin retroactivos.

-No contemplan los aumentos salariales ni las cargas sociales.

-Los fondos se acreditan con demoras de entre 60 y 90 días.

-El Estado no pagó la compensación económica prevista por la ley.