El Gobierno enfría las negociaciones por las vacantes en la Corte

El Gobierno decidió postergar hasta marzo de 2026 las negociaciones con la oposición para cubrir las vacantes en la Corte Suprema y en los juzgados federales. En la Casa Rosada aseguran que esos temas no formarán parte del temario de sesiones extraordinarias, y que el presidente Javier Milei ordenó tratarlos recién en el próximo período ordinario.

“La línea que bajó el Presidente es que el tema no se moviera hasta después de extraordinarias”, indicaron fuentes oficiales, que remarcaron que la prioridad absoluta del Ejecutivo pasa por la aprobación del Presupuesto 2026, junto con la reforma laboral, la reforma tributaria y el proyecto vinculado al uso de los llamados “dólares del colchón”.

Internas por el frente judicial

La decisión de enfriar la discusión judicial llega en medio de tensiones dentro del propio Gobierno sobre quién tendrá el control político de las negociaciones con el Congreso. Algunos despachos señalan al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, como el interlocutor autorizado, aunque otros admiten que “puede haber cambios” y que todavía no hay una conducción consolidada para esa tarea.

Esa indefinición también explica la dilación en la salida del ministro Mariano Cúneo Libarona, quien había anunciado su renuncia semanas atrás. La mesa chica de Milei aún no acordó a su sucesor y decidió mantenerlo en el cargo mientras se reacomoda el gabinete. Entre los posibles reemplazos figura el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aunque desde el entorno presidencial aclararon que “no hay decisión tomada”.

En paralelo, el oficialismo insiste en que está dispuesto a discutir con el kirchnerismo en el Senado una ampliación de la Corte Suprema.

En ese marco, se mencionan como interlocutores al ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, y al titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos.

Por ahora, el Ejecutivo no definió públicamente los nombres que impulsará. Los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, que el Gobierno había intentado hacer aprobar este año, se cayeron en abril por falta de apoyo en la Cámara alta. Desde entonces, circulan nuevos posibles candidatos, entre ellos los abogados Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacette, Alberto Bianchi y el exjuez federal Ricardo Rojas, aunque en la Casa Rosada aseguran que no hay definiciones cerradas y que todo formará parte de una negociación política más amplia.

El Gobierno pretende además incluir en esa negociación la cobertura de unas 150 vacantes en juzgados federales de todo el país, un punto clave para el funcionamiento judicial y para causas de corrupción y crimen organizado.

La estrategia oficial apunta a tejer acuerdos con los gobernadores dialoguistas, que tienen influencia directa en la selección de ternas y consensos legislativos. También busca incorporar al paquete las designaciones del procurador general interino, Eduardo Casal, y de la defensora general, Stella Maris Martínez, cargos que permanecen pendientes de definición.

Por ahora, el mensaje desde Balcarce 50 es claro: primero el Presupuesto y las reformas; después, la Justicia.