La Junta de Presidentes de Cámaras Federales advierte que el Presupuesto 2026 pone en riesgo la independencia judicial

Los integrantes de la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales con competencia penal difundieron un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” ante el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 impulsado por el Consejo de la Magistratura, al advertir que la partida asignada para el Poder Judicial implicaría una reducción del 8% en términos generales y un recorte del 74% en el rubro Bienes de Uso.

Según los magistrados, de mantenerse esas previsiones, el impacto sería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales” y podría comprometer “la independencia del Poder Judicial”, a la que definieron como “un pilar esencial del Estado de Derecho y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

El documento remarca que la autarquía financiera y la suficiencia presupuestaria son condiciones necesarias para asegurar la independencia del sistema judicial, y que los recortes propuestos “derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.

En su pronunciamiento, los jueces también hicieron hincapié en la falta de fondos para modernizar el sistema judicial y garantizar la implementación del nuevo sistema procesal penal federal, una reforma considerada clave para agilizar los procesos y transparentar la administración de justicia.

La Junta alertó, además, que la disminución del 74% en Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, tres factores que consideran fundamentales para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”.

El comunicado concluye con un llamado al diálogo institucional: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”, sostuvieron los magistrados, en defensa del “equilibrio republicano, la plena vigencia de la Constitución Nacional y el derecho de todos los ciudadanos a una justicia independiente, eficiente y accesible”.

GZ