“Opereta” y presión
08/11/2025 - Edición Nº1005
Política
Embate judicial
El Gobierno va por los millones de Cristina y desata otro frente político
08/11/2025 | La Anses inició el proceso para recuperar cerca de mil millones de pesos cobrados por la expresidenta en concepto de jubilación y pensión. Desde el entorno de CFK hablan de persecución y “delirio jurídico”.
El Gobierno exige a Cristina Kirchner devolver lo cobrado por jubilación y pensión, en un nuevo capítulo del enfrentamiento con el kirchnerismo.
El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano y la Anses, avanzó este viernes con el procedimiento para que Cristina Fernández de Kirchner devuelva los fondos que percibió por su jubilación y la pensión vitalicia de su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. El monto, según estimaciones oficiales, rondaría los mil millones de pesos con intereses incluidos.
En un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello informó que “se ha dado formal inicio, mediante la firma del acto administrativo pertinente, a la implementación del efectivo recupero de las sumas percibidas indebidamente por la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner”. La medida, sostienen, se ajusta “a derecho y con los respectivos intereses”.
La decisión se apoya en la resolución 1103/2024 de Anses, que estableció que los funcionarios condenados por delitos contra la administración pública no pueden seguir cobrando asignaciones vitalicias. La expresidenta había visto dada de baja su pensión en noviembre de 2024, luego de que el vocero Manuel Adorni argumentara que la condena en la Causa Vialidad “representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.
La movida no solo afecta a CFK: el exvicepresidente Amado Boudou también fue alcanzado por una medida similar y enfrenta un reclamo de 236 millones de pesos más actualización, por la jubilación de privilegio que cobró pese a su condena en el caso Ciccone.
Desde el entorno de la dos veces presidenta salieron con dureza. Su abogado, Carlos Beraldi, calificó la iniciativa como “delirante” y sostuvo que se trata de una “persecución política”. La expresidenta no se pronunció públicamente, pero en el Instituto Patria aseguran que el objetivo del Gobierno es “mantener viva la confrontación con el kirchnerismo para tapar la crisis económica”.
En Balcarce 50, en cambio, lo leen como un gesto político de coherencia frente a la opinión pública: un golpe simbólico contra los “privilegios de la casta”, aunque la decisión vuelva a agitar el enfrentamiento con el peronismo duro.
