Alianza estratégica
14/11/2025 - Edición Nº1011
Internacionales
Justicia internacional
Corte Penal Internacional actúa: ¿quién es Dela Rosa y qué se le acusa?
10/11/2025 | La presunta orden de arresto contra Dela Rosa, exjefe policial y figura clave de la guerra antidrogas en Filipinas, reabre el debate sobre los límites del poder.
Ronald Dela Rosa.
La Corte Penal Internacional (CPI) habría emitido una orden de arresto contra Ronald Dela Rosa, exjefe de la Policía Nacional de Filipinas y uno de los hombres más cercanos al expresidente Rodrigo Duterte. La información fue dada a conocer por la oficina del Ombudsman filipino, que aseguró haber recibido una notificación formal del tribunal con sede en La Haya. La medida, sin embargo, aún no ha sido confirmada oficialmente por la CPI, lo que genera confusión y tensiones diplomáticas en Manila.
Dela Rosa fue uno de los principales arquitectos de la llamada “guerra contra las drogas”, implementada entre 2016 y 2019, periodo en el que miles de personas murieron en operativos policiales señalados como ejecuciones extrajudiciales. Para la Fiscalía de la CPI, existen indicios de crímenes de lesa humanidad cometidos bajo una política de Estado orientada a eliminar a sospechosos sin debido proceso. El propio Duterte fue arrestado y transferido al tribunal internacional en marzo de 2025, marcando un precedente inédito en la historia de Filipinas.
Filipinas
Filipinas es un país del sur de Asia en el Pacífico Occidental, que abarca más de siete mil islas. Su capital, Manila, es famosa por su paseo costero y Binondo, el barrio chino de siglos de antigüedad. Intramuros, una ciudad amurallada en la época colonial, es el núcleo de Manila Antigua.
Una investigación que no se detiene
Aunque Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos durante el periodo en que el país era miembro. Esta base legal permite al tribunal continuar investigando las muertes ocurridas entre 2011 y 2019, así como determinar la responsabilidad penal de altos mandos policiales y políticos. Dela Rosa, conocido por su cercanía con Duterte y su papel operativo, es considerado una pieza central en la cadena de mando que permitió las ejecuciones.
El gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. ha mantenido una posición ambigua: si bien reconoce la gravedad de las acusaciones, ha insistido en que la justicia debe ser administrada por tribunales filipinos, no por cortes extranjeras. Esta postura refleja la tensión entre la soberanía nacional y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El portavoz presidencial declaró que el país “colaborará de forma limitada” mientras evalúa la autenticidad de la supuesta orden.
Rodrigo Duterte Roa, es un político y abogado filipino de origen mindanaense, quien ocupó el cargo de presidente de Filipinas desde el 30 de junio de 2016 hasta el 30 de junio de 2022.
Responsabilidad y memoria
La reacción internacional ha sido inmediata. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacionalcelebraron la noticia como “un paso crucial hacia la rendición de cuentas”. En contraste, sectores afines al antiguo régimen calificaron la acción de la CPI como una “interferencia política” que busca reescribir la historia de la lucha contra el narcotráfico. En Filipinas, la sociedad civil se mantiene dividida entre quienes ven la guerra antidrogas como una política de seguridad legítima y quienes la consideran una tragedia humanitaria.
La figura de Dela Rosa simboliza esa dualidad: para algunos, es un héroe disciplinado que enfrentó un problema estructural; para otros, un ejecutor de una política que normalizó la violencia estatal. Sea cual sea la verdad judicial, el proceso abierto por la CPI plantea un desafío profundo para la credibilidad institucional de Filipinas y para el legado del propio Duterte, ahora detenido en La Haya.
El 7 de marzo de 2025, fue detenido por la Interpol en requerimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) por los delitos cometidos durante su presidencia, en desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y exterminio de familias vulnerables por su política de seguridad de la guerra contra el narcotráfico y delincuencia organizada que confirmó su hija, hoy vicepresidenta Sara Duterte.
Un precedente global
La eventual confirmación de la orden de arresto ampliaría el alcance de la justicia internacional y reafirmaría la capacidad del tribunal de procesar a figuras poderosas por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Más allá del caso filipino, el mensaje es claro: ningún funcionario, por alto que sea su rango, está exento del escrutinio internacional.
El caso Dela Rosa puede convertirse en un punto de inflexión: el cierre definitivo de la era Duterte y el inicio de una etapa en la que las víctimas de la violencia estatal comiencen a obtener justicia. Para un país marcado por la impunidad, la acción de la CPI no solo busca sancionar el pasado, sino también prevenir los abusos del futuro.
