Julián de Diego, el asesor estrella del Gobierno detrás de la reforma laboral

El resultado de las elecciones dio nuevo aire al Gobierno para avanzar con su ambiciosa reforma laboral. Entre los borradores que circulan en los despachos oficiales hay uno que lleva la firma del abogado Julián de Diego, histórico consultor de grandes compañías y defensor de la desregulación del mercado de trabajo. Su influencia es reconocida incluso dentro del Ejecutivo, donde aseguran que su participación “no implica conflicto de intereses”, pese a que asesora, entre otras firmas, a la aplicación de reparto Rappi.

El proyecto no prevé ninguna mejora para la situación de los trabajadores de aplicaciones. Por el contrario, el objetivo de la reforma en la que trabaja de Diego es trasladar el modelo precario y de absoluta vulnerabilidad, al resto de las actividades.

“El esquema en el que estamos trabajando con el secretario de Trabajo tiene tres pilares: un salario dinámico vinculado a la productividad, la negociación colectiva por empresa y el banco de horas, que dependerá de cada actividad”, explicó de Diego en declaraciones radiales. El jurista colabora con el secretario de Trabajo, Julio Cordero -exabogado de Techint y la UIA-, mientras continúa representando intereses corporativos a través del Estudio Cárrega.

Su trayectoria lo ubica entre los impulsores de la ley de Riesgos del Trabajo de los años noventa, una norma que luego fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema por limitar las indemnizaciones a los trabajadores accidentados. Hoy, en una suerte de “remake” de aquel clima político, vuelve a ocupar un rol clave en un proyecto que propone ampliar la jornada laboral de 8 a 12 horas, pagar parte del salario con tickets canasta y permitir que las indemnizaciones se abonen en hasta 12 cuotas.

“El banco de horas y los convenios por empresa existen desde hace décadas, lo que ahora busca el Gobierno es generalizarlos”, admitió el abogado. Según dijo, su aporte al texto oficial se da de manera “freelance” y negó estar redactando la versión final del documento.

Sin embargo, especialistas en derecho laboral observan con preocupación su rol. “Cordero proviene del mundo empresario y de Diego encabeza uno de los estudios más importantes de asesoramiento a compañías. No hay reproche ético en que trabajen juntos, pero sí queda claro el sesgo patronal del proyecto”, advirtió el abogado laboralista Luis Ramírez.

El trasfondo es más amplio. Organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vienen impulsando marcos regulatorios para garantizar derechos a quienes se desempeñan en plataformas digitales. El borrador argentino, en cambio, va en dirección opuesta: toma ese modelo de precarización y lo expande al resto del sistema laboral formal.

“El trabajo en plataformas, especialmente el de reparto, nos hace retroceder un siglo en condiciones laborales, pero a muchos les conviene y se elige mirar para otro lado”, advirtió Ramírez.

La versión definitiva del proyecto se conocería en diciembre y será enviada al Congreso con el impulso político del presidente Javier Milei. La Ley Bases ya abrió el camino: extendió el período de prueba, limitó el derecho de huelga, eliminó las sanciones por empleo no registrado y habilitó la creación de un Fondo de Cese Laboral en reemplazo de las indemnizaciones por despido. Se vienen días difíciles para los trabajadores.

GZ