ACIJ relanza un monitor para desnudar 30 años de decisiones del Estado

El nuevo Monitor de Presupuesto Nacional presentado por la ACIJ llega en un momento en el que el recorte, la reasignación y las tensiones políticas sobre el gasto se volvieron moneda corriente. La herramienta, según sus propios impulsores, busca que “cualquier persona, sin importar su preferencia política” pueda ver qué financia el Estado y cómo se reorganiza el dinero año a año. Pero, en la trastienda, también pone en evidencia un debate de fondo: quién define qué prioridades sobreviven y cuáles quedan afuera.

La organización aseguró que la plataforma permite comparar gestiones, modelos económicos y variaciones de partidas desde 1995 hasta hoy. Treinta años que incluyen crisis, cambios de régimen monetario, reconfiguraciones abruptas de ministerios y fluctuaciones de poder que dificultan la trazabilidad del gasto. En ese marco, el sistema promete reconstruir series afectadas por inflación, modificaciones de códigos o disolución de dependencias.

Desde la dirección de la ACIJ, el abogado constitucionalista Eduardo Ferreyra insistió en que el monitor parte de un “fuerte compromiso igualitario con la protección de los derechos sociales”. En su lectura, la disputa no es técnica, sino política: qué derechos se priorizan, cuáles se retrasan y hasta qué punto la Constitución ordena sostenerlos. “En el discurso actual parece que solamente hay derechos individuales”, advirtió, marcando una grieta conceptual en la conversación pública.

El coordinador del programa de Justicia Fiscal, Alejandro Gaggero, subrayó que la herramienta intenta democratizar la lectura del presupuesto, un terreno históricamente reservado para especialistas. En ese sentido, reconoció que la inestabilidad económica –sumada a cambios políticos bruscos– complejiza las comparaciones a largo plazo y vuelve opaca la evolución real del gasto. El Monitor promete resolver parte de ese problema con mecanismos de actualización e interpretaciones corregidas por inflación.

La herramienta también intenta corregir fallas estructurales de la administración pública: partidas que cambian de nombre según el humor del gobierno de turno, dependencias que se fusionan o desaparecen sin aviso y códigos presupuestarios que se reescriben. Gaggero sostiene que ese caos institucional genera una distancia cada vez mayor entre el discurso sobre austeridad y la realidad de las decisiones políticas que se esconden detrás de los números.

Desde la ACIJ aseguran que el relanzamiento es un llamado directo a periodistas, académicos y organizaciones sociales para apropiarse del presupuesto como una herramienta de control político. En un contexto de disputa por los recursos públicos, la plataforma se propone ofrecer datos para sostener posturas con evidencia. El desafío, ahora, será si la sociedad civil logra usar esa información para ampliar el debate o si quedará encapsulada en la dinámica tecnocrática de siempre.