Las universidades nacionales convocaron a un paro de 72 horas desde este miércoles para visibilizar el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento aprobada el 21 de octubre en el Congreso. Mientras varios gremios insisten en que el gobierno de Javier Milei incumple la normativa, el personal de la AGD–UBA aclaró que continuará las actividades en forma normal. En paralelo, la tensión entre Nación y el sistema universitario sigue escalando después de meses de conflicto abierto.
Desde la FUA, Pilar Barbas remarcó que los salarios “no fueron recompuestos” y criticó que ni siquiera tras la tercera marcha federal se logró que el Presidente “quiera cumplir con la ley”. En su lectura, el desfinanciamiento es una decisión política y se suma al avance oficial sobre la reforma laboral y los servicios públicos. La dirigente dejó una frase que sintetiza el malestar: “Plata hay, pero este gobierno decidió otra cosa”.
La titular de AGD–UBA, Ileana Celoto, fue más lejos y advirtió que la situación ya expresa un “vaciamiento” profundo del sistema. Según la gremialista, la universidad acumula una deuda salarial del 44% que la ley ordena pagar y cada día de demora agrava la crisis. Las remuneraciones por debajo de la línea de pobreza, dijo, empujan a los docentes a reducir dedicaciones y provocan la fuga de equipos enteros. “Estamos defendiendo la universidad para que no quede como una cáscara vacía”, remarcó.
La diputada del FIT / IS, Mercedes de Mendieta, denunció que los sueldos docentes son “de miseria” y que cientos trabajan ad honorem. A su juicio, la universidad se sostiene gracias al esfuerzo extraordinario de docentes, no docentes y estudiantes frente a un “ajuste histórico” que empuja a la privatización indirecta del sistema. Acusó al gobierno y al subsecretario Alejandro Álvarez de incumplir una ley votada por ambas Cámaras y convocó a la sociedad a acompañar la protesta “contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista”.