En Honduras, las elecciones del 30 de noviembre se desarrollan bajo un clima de profunda incertidumbre institucional. Las denuncias de fraude, la falta de consenso entre los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la intervención del ejército en tareas de fiscalización han encendido las alarmas. Lo que debería ser una fiesta cívica se ha transformado en un escenario de sospechas y tensiones, donde la oposición teme una reedición de los conflictos poselectorales de 2017. Las autoridades aseguran que el proceso será transparente, pero los observadores internacionales alertan sobre acciones diarias que desestabilizan el proceso electoral.
A este contexto se suma una contienda presidencial sin favorito claro: Nasry Asfura, Rixi Moncada y Salvador Nasralla se disputan una elección marcada por la desconfianza ciudadana. Los sondeos reflejan un empate técnico que podría definir el futuro político del país, pero también aumentar el riesgo de confrontación si el conteo se percibe como manipulado. El papel de las Fuerzas Armadas, que han solicitado copias de las actas electorales, genera temor a una militarización del proceso y pone en duda la independencia de los organismos civiles.
La situación hondureña tiene eco en Guatemala, donde la reciente elección presidencial también se desarrolló en medio de acusaciones de fraude, persecuciones judiciales y censura a candidatos opositores. En ambos países, el poder judicial y los entes electorales han sido utilizados como instrumentos de disputa política, debilitando la confianza en la democracia. El caso guatemalteco mostró cómo las élites intentaron bloquear el ascenso de nuevas fuerzas, mientras las calles se llenaban de manifestantes exigiendo respeto al voto popular.
La coincidencia entre Honduras y Guatemala revela una tendencia regional de regresión democrática, donde las instituciones pierden autoridad y las fuerzas armadas reaparecen como actores de control. Ambos procesos ilustran la fragilidad de las democracias centroamericanas, atrapadas entre la corrupción, la presión del crimen organizado y la injerencia de poderes fácticos. Las misiones internacionales han advertido que, sin reformas profundas, el riesgo de crisis postelectoral es alto.
Según @Polymarket Salvador Nasralla tiene más de 60 % de probabilidades de ganar las elecciones de Honduras.
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 8, 2025
La chavista Rixi Moncada cuenta apenas con el 26 % de probabilidades. Los narcosocios de Maduro se van. pic.twitter.com/NHyo0tb5f8
El debilitamiento de los organismos electorales en Centroamérica no es casualidad: refleja años de desinversión, politización y abandono institucional. En Honduras, la concentración de poder en el Ejecutivo y la intervención militar en asuntos civiles consolidan una tendencia preocupante. En Guatemala, el intento de revertir el resultado electoral a través de la fiscalía fue un precedente que amenaza con repetirse en el país vecino. Ambos escenarios apuntan a un modelo de gobernanza autoritaria disfrazado de legalidad.
Acabo de enviar una carta al @StateDept tras saber que nuestra Embajada en Guatemala podría estar presionando a jueces antes de las elecciones judiciales del próximo año.
— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 5, 2025
Eso está mal. Estados Unidos debe DEFENDER la democracia, no manipularla.
Guatemala es uno de los últimos… pic.twitter.com/Va32XRihf2
De cara a los próximos meses, la región centroamericana enfrenta un dilema: aceptar la consolidación de un poder centralizado o reconstruir sus instituciones desde la transparencia y la participación ciudadana. Las elecciones de Honduras podrían marcar un punto de inflexión; su desenlace servirá de termómetro para medir hasta qué punto la democracia en Centroamérica sigue viva o se convierte, una vez más, en un ritual vacío de legitimidad.