El Gobierno nacional oficializó una de las reestructuraciones más profundas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Mediante un DNU publicado en el Boletín Oficial, se suprimió la Secretaría de Comunicación y se redistribuyeron funciones estratégicas entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad. La medida marca un cambio de eje en la administración: menos política tradicional y más control centralizado.
El corazón del decreto está en la concentración de atribuciones en la Jefatura de Gabinete, que a partir de hoy administra la comunicación institucional, los medios públicos, la relación con radiodifusión y las políticas comunicacionales del Estado. También incorpora las áreas de turismo, ambiente y deportes, funciones que hasta diciembre de 2023 estaban bajo la órbita del Ministerio del Interior, un ministerio que —otra vez— queda debilitado.
Entre las nuevas potestades de la Jefatura se incluyen la planificación ambiental, la gestión de recursos naturales y la participación en foros internacionales de cambio climático y biodiversidad. Además, administrará el Fondo Nacional de Turismo y tendrá control sobre obras de infraestructura turística y deportiva. En la lectura política, se trata de un reacomodamiento que refuerza la centralidad de la mesa chica de Casa Rosada, donde se toman las decisiones más delicadas.
El otro movimiento fuerte es el que impacta directamente sobre el Ministerio de Seguridad: absorberá todas las funciones vinculadas a migraciones, inmigración y el control del RENAPER. Eso implica manejar la identificación de personas, los documentos, el control de fronteras, el sistema de asilo y la administración de la nacionalidad. De esta forma, Seguridad se convierte en un superministerio con enorme capacidad operativa y de inteligencia territorial.
El DNU también modifica artículos clave de la Ley de Ministerios (22.520) y establece que toda referencia normativa que antes apuntaba a Interior sobre temas migratorios ahora debe interpretarse como competencia del Ministerio de Seguridad. Además, la Jefatura de Gabinete recibe automáticamente bienes, presupuesto, personal y unidades organizativas de la extinta Secretaría de Comunicación, mientras otras áreas —como la Secretaría Legal y Técnica o Inteligencia de Estado— conservan rango ministerial.
En los considerandos, el Ejecutivo justifica la medida como “imprescindible para garantizar la eficiencia del Estado” y asegura que será informada a la Comisión Bicameral del Congreso, como establece la ley. Pero el impacto político es evidente: un rediseño ministerial a medida del nuevo esquema de poder, que entra en vigencia inmediata y que redefine quién decide qué en un gobierno que apuesta a la concentración para sostener la gobernabilidad.