La trampa de la DIA: el error político que distorsiona el debate minero en Mendoza

El debate minero en Mendoza volvió a tropezar con un error básico pero decisivo: la dirigencia política trata la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como si fuera un estudio de factibilidad, la única instancia que ajusta los números reales de un proyecto. Esa confusión no es nueva: ya ocurrió en la audiencia pública de PSJ, se repitió en la Legislatura, y ahora vuelve a instalar un diagnóstico erróneo sobre el impacto económico de la minería.

La prefactibilidad -la etapa inicial y de línea gruesa- se basa en valores de referencia, datos secundarios y estimaciones amplias. Sin embargo, figuras como el exgobernador Arturo Lafalla y el diputado José Luis Ramón tomaron precios actuales del cobre para recalcular rentabilidad, comparando cifras volátiles del mercado con parámetros técnicos de referencia. Es un error metodológico elemental que, además, el poder político repite con la soltura con la que opina de cualquier tema técnico sin comprenderlo.

La única fase que determina costos ajustados, financiamiento real, ingeniería y parámetros metalúrgicos es la factibilidad. Y en Mendoza, esa etapa solo se realiza una vez aprobada definitivamente la DIA, por exigencias de la Ley 7.722. San Juan ya mostró cómo funciona el proceso: el proyecto Los Azules pasó de requerir US$2.700 millones a casi US$3.200 millones tras culminar su factibilidad. Así de determinante es el ajuste técnico cuando se trabaja con datos primarios y no con especulaciones políticas.

En el caso de PSJ, esa instancia recién llegará después de la aprobación legislativa, e implicará una inversión de USD 15 millones solo para completar la ingeniería de detalle y las pruebas metalúrgicas. Discutir hoy la rentabilidad del proyecto es discutir humo: los números que circulan son de referencia y existen únicamente para contextualizar el informe ambiental. Convertirlos en un análisis de negocio es un retroceso conceptual propio de un debate minero que nunca termina de profesionalizarse.

La política, obsesionada con el monto de regalías, reduce un ecosistema industrial complejo a un cálculo superficial. La minería no se sostiene por el porcentaje que ingresa al Estado, sino por el volumen de inversión, los proveedores, los salarios y la estructura productiva que genera. Los márgenes de la minería son ajustados; lo que impulsa su aporte es la magnitud del capital y su efecto multiplicador, no un impuesto del 3% que, además, suele ser usado como bandera simbólica más que como variable económica real.

Mientras el debate siga atrapado en discursos que mezclan números desactualizados, variables volátiles y lecturas técnicas equivocadas, Mendoza seguirá discutiendo sobre supuestos y no sobre minería real. Entender dónde está parado hoy el desarrollo minero implica conocer las etapas del sector —y respetarlas— antes de volver a encender la máquina política de confusiones.