El Gobierno dispuso la desregulación total de los aranceles en los colegios privados. Desde ahora, las instituciones de enseñanza de gestión privada podrán fijar libremente los montos de sus cuotas y matrículas sin informar ni solicitar autorización al Estado.
A través del Decreto 787/25, el Ejecutivo derogó el Decreto 2417 de 1993, que durante más de tres décadas estableció un marco de control sobre el sistema de educación privada. Aquella norma obligaba a los colegios a comunicar a los padres y a la autoridad educativa, antes del 31 de octubre de cada año, el valor de las matrículas, la cantidad y el monto de las cuotas, así como los plazos y condiciones de pago.
También requería que las escuelas privadas presentaran esa información ante la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y la Secretaría de Comercio, y que solicitaran autorización al Ministerio de Educación —hoy bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano— para aplicar aumentos o establecer cuotas extraordinarias.
Al justificar la medida, el Gobierno argumentó que la normativa derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”. Además, sostuvo que el sistema de autorización estatal “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica de los colegios”.
Según el decreto, las restricciones vigentes “impedían ajustar los precios en función de la realidad económica y los costos operativos”, y llevaban a las instituciones a “fijar cuotas más elevadas de lo necesario” por temor a futuros aumentos no autorizados.
El texto oficial también calificó el mecanismo anterior como “perjudicial para las familias” y sostuvo que limitaba el derecho de propiedad de los establecimientos privados, que “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin necesidad de autorización estatal”.
De este modo, las escuelas privadas podrán ahora fijar y modificar sus aranceles según el contexto económico sin comunicar las actualizaciones ni esperar aprobación de la Secretaría de Educación.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, celebró la medida y aseguró que permitirá evitar los aumentos “exorbitantes” de marzo, cuando tradicionalmente las cuotas saltaban tras los meses de congelamiento. “Con esta derogación se habilitan ajustes graduales y realistas, alineados con la evolución de la economía, sin saltos bruscos ni sobrecargos preventivos”, señaló.
Para el funcionario, el nuevo esquema —similar al que ya rige para universidades e institutos privados— “favorece un entorno más libre, equilibrado y sustentable” para las escuelas, que representan alrededor del 6% del total de establecimientos educativos del país.