El Gobierno nacional analiza convocar a sesiones extraordinarias en dos tandas para ordenar el debate de sus principales proyectos y acelerar la agenda legislativa del verano. En Casa Rosada consideran dividir los temas entre diciembre y febrero, con la mira puesta en el Presupuesto 2026, las reformas tributarias y laborales, y la modernización del Código Penal.
Según circula desde fuentes del Ejecutivo, el presidente Javier Milei quiere que el Congreso trate el Presupuesto 2026 entre el 10 y el 31 de diciembre. En ese mismo tramo se incluiría el proyecto conocido como “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, que busca blanquear fondos no declarados y modificar el esquema de presunción de inocencia fiscal.
El texto prevé un nuevo régimen simplificado del impuesto a las Ganancias para quienes repatríen dólares o activos en el exterior, permitiendo su ingreso al sistema financiero sin sanciones ni causas penales.
Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, manifestó su intención de extender las sesiones a enero, el escenario más probable es que haya una pausa en ese mes y la actividad se retome del 1 al 28 de febrero.
Para esa segunda etapa, el Gobierno apunta a discutir las reformas de “segunda generación”, entre ellas los cambios laborales, tributarios y previsionales, que el Ejecutivo todavía no detalló públicamente. En paralelo, el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, avanzará con la propuesta de modificación del Código Penal, que busca endurecer las penas contra el narcotráfico, la corrupción y los delitos violentos.
Además, los ministros Manuel Adorni (Jefatura de Gabinete) y Diego Santilli (Interior) reactivaron el diálogo con los gobernadores para definir los puntos de consenso. En esos contactos volvió a aparecer un reclamo recurrente de las provincias mineras: modificar la reglamentación de la Ley de Glaciares para ampliar las zonas habilitadas a la explotación.
“Es necesario concluir con el decreto reglamentario o avanzar con una nueva ley que establezca que las provincias sean la autoridad de aplicación para definir qué se considera un glaciar”, planteó el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, tras su paso por la Casa Rosada.
El pedido también cuenta con el respaldo de Catamarca, Salta, Jujuy y Santa Cruz, que buscan dar certidumbre a las inversiones mineras suspendidas por las restricciones actuales.
Mientras tanto, Martín Menem y la futura jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, ya trabajan en el temario de las extraordinarias para definir el orden de tratamiento y las prioridades del primer tramo del año legislativo.