En Chile, cada proceso electoral activa una de las tareas más visibles del sistema democrático: la participación ciudadana en las mesas receptoras de sufragio. Ser vocal de mesa no es un gesto voluntario, sino una obligación legal que asegura el funcionamiento de las urnas. El Servicio Electoral (Servel) publicó recientemente la nómina de quienes deberán cumplir esa función el próximo 16 de noviembre, junto con los mecanismos para excusarse en caso de impedimento justificado.
El organismo recalca que no presentarse sin causa válida puede derivar en multas de entre 2 y 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalentes a hasta 550.000 pesos chilenos. La medida busca reforzar la responsabilidad cívica, pero también genera tensión entre quienes, por motivos de salud o distancia, enfrentan dificultades para cumplir. En este contexto, el derecho a excusarse adquiere relevancia como herramienta de equilibrio entre deber y circunstancia personal.
El Servel habilitó entre el 27 y el 29 de octubre el período oficial para presentar excusas ante las juntas electorales. Las causales reconocidas incluyen tener más de 70 años, estar fuera del país o residir a más de 300 kilómetros del local de votación, además de situaciones médicas acreditadas o embarazo dentro de las seis semanas previas al parto. También se contemplan funciones esenciales, como el trabajo en hospitales o el cuidado de menores y adultos mayores.
Las solicitudes se presentan con la documentación correspondiente y son evaluadas por las juntas electorales. Quienes sean liberados del deber serán reemplazados en la nómina definitiva publicada el 1 de noviembre. Este proceso garantiza que ninguna mesa quede sin vocales y que la elección se realice con el personal necesario para su apertura y cierre.
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A pesar de las quejas recurrentes, el rol del vocal es esencial para la transparencia del sistema electoral. El Estado remunera esta labor con dos tercios de una Unidad de Fomento (UF), cerca de 26.000 pesos, y una bonificación adicional para quienes participan por primera vez. Aunque el monto no compensa el esfuerzo, representa un reconocimiento simbólico a una tarea que sustenta la legitimidad del voto.
En un país que se prepara para una elección polarizada, la participación activa de los ciudadanos en la gestión del sufragio cobra un carácter estratégico. La eficiencia de los comicios depende tanto de la organización institucional como de la responsabilidad colectiva de quienes integran cada mesa.
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El debate sobre las excusas de los vocales refleja una tensión permanente en las democracias contemporáneas: el equilibrio entre libertad individual y deber público. En Chile, el sistema busca compatibilizar ambos principios sin desincentivar la participación. Los altos niveles de abstención en elecciones anteriores son un recordatorio de que el compromiso electoral va más allá de acudir a votar: implica también sostener la infraestructura que hace posible ese acto.
La forma en que los ciudadanos asuman este deber determinará, en buena medida, la confianza en los resultados del 16 de noviembre. Cumplir o excusarse, pero siempre responder, constituye la esencia del pacto cívico que sostiene al sistema electoral chileno.