Armando Benedetti desata la furia y enfrenta a la Corte Suprema de Colombia

El reciente estallido entre Armando Benedetti, ministro del Interior colombiano, y la magistrada Cristina Lombana ha encendido una nueva alarma sobre la fragilidad institucional del país. En un video que circuló masivamente, el ministro insultó a la jueza luego de que esta ordenara un allanamiento a su vivienda. Benedetti calificó el operativo como un acto de acoso judicial y dirigió contra Lombana duras palabras, describiéndola como “loca y enferma”. La escena, más que un exabrupto, expone la tensión entre un poder Ejecutivo que se siente perseguido y una justicia que reclama autonomía.

El episodio llega en un momento en que el Gobierno intenta recomponer su relación con la Corte Suprema, tras varios choques por investigaciones de corrupción que involucran a figuras cercanas al presidente. Benedetti, investigado en al menos siete causas judiciales por presunto enriquecimiento y tráfico de influencias, sostiene que se trata de una persecución política disfrazada de legalidad. Desde la Presidencia se pidió prudencia, pero el silencio institucional refuerza la percepción de una fractura entre los pilares de la República.

Colombia

Judicialización del poder

El enfrentamiento recuerda inevitablemente el caso de Álvaro Uribe, quien también denunció haber sido víctima de “lawfare” o guerra judicial. En ambos escenarios, la política se escuda en el discurso de la persecución para neutralizar procesos legales. La diferencia radica en los estilos: mientras Uribe apeló a la narrativa del martirio, Benedetti elige la confrontación directa. Ambos, sin embargo, coinciden en socavar la credibilidad de las instituciones judiciales y convertir los tribunales en escenarios de disputa mediática.

La magistrada Lombana, por su parte, carga con su propia controversia: su pasado como oficial del Ejército y su cercanía a sectores conservadores han alimentado dudas sobre su imparcialidad. La probabilidad de que este conflicto termine judicializado en organismos internacionales ronda el 60%, según fuentes políticas consultadas en Bogotá. Para los observadores, se trata de una nueva versión del viejo dilema colombiano: una justicia cuestionada que se enfrenta a una clase política dispuesta a erosionarla para protegerse.

🇨🇴 | La residencia del ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, ubicada en Barranquilla, está siendo allanada por orden de la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a quien el alto funcionario del Gobierno de Gustavo Petro llamó "loca, demente" en un video… pic.twitter.com/oifCrR5BfX

— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) November 11, 2025

Efecto en la confianza pública

Cada nuevo choque entre magistrados y ministros refuerza la sensación de que el Estado colombiano vive una pugna interna por el control del relato. Mientras la ciudadanía percibe el sistema judicial como politizado, los partidos convierten los expedientes en armas retóricas. Este deterioro progresivo amenaza con deslegitimar los mecanismos de fiscalización, justo cuando el país necesita estabilidad para enfrentar sus crisis económica y de seguridad.

Según fuentes de la Corte Suprema, el allanamiento a un apartamento del ministro del Interior, Armando Benedetti, estaría relacionado con un proceso de posible favorecimiento en la aprobación de una ley, cuando era senador. Esto se sabe ⬇️ pic.twitter.com/OyjSx4wJk5

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) November 11, 2025

El caso Benedetti-Lombana, en definitiva, no es un hecho aislado, sino un síntoma estructural. Al igual que ocurrió con Uribe, las instituciones se ven atrapadas entre la justicia y la conveniencia política, un laberinto que pone a prueba la madurez democrática del país. Si la tendencia se mantiene, la frontera entre la defensa legal y el ataque institucional podría diluirse por completo.