13/11/2025 - Edición Nº1010

Policiales

Acusado por trata y tenencia de MASI

Instaló una cámara espía en el baño de un departamento que alquilaba a estudiantes: terminó preso

12/11/2025 | Un joven de 19 años fue imputado en Jujuy por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil. Fingía representar a un supuesto programa de becas y llevó engañadas desde Santa Fe a tres estudiantes —dos de ellas menores— para filmarlas en secreto con una cámara oculta en el baño.



La Justicia Federal de Jujuy imputó y dictó prisión preventiva a un joven de 19 años acusado de haber captado, engañado y filmado con una cámara espía a tres estudiantes -dos de ellas menores de edad- a quienes trasladó desde la provincia de Santa Fe para asistir a la Fiesta Nacional de los Estudiantes, en San Salvador de Jujuy.

El juez federal de Garantías N° 1, Eduardo Hansen, hizo lugar al pedido del fiscal federal Federico Zurueta y de la auxiliar Romina Verdur, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, quienes formalizaron la imputación por trata de personas con fines de explotación sexual agravada y tenencia de material de abuso sexual infantil.

El engaño de las “becas educativas”

Según se reconstruyó en la audiencia del 28 de octubre, el acusado, identificado como G.F.F., oriundo también de Santa Fe y con experiencia como community manager, creó una falsa organización llamada “Centro Estudiantil Interprovincial Joven Norte”. Bajo esa fachada, ofrecía becas educativas inexistentes para atraer a jóvenes de distintas localidades.

Con conocimientos informáticos y el uso de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, el imputado montó toda la estructura digital del falso programa: diseñó flyers, páginas web, documentos y hasta fijó como dirección institucional la Casa de Gobierno de Jujuy, lo que dio credibilidad a la estafa.

Convenció así a tres jóvenes -una de 21 años y dos adolescentes de 17- de viajar a Jujuy para participar del supuesto programa. Llegaron el 22 de septiembre en micro y se alojaron en un departamento alquilado por el acusado en el barrio Alto Padilla.

La cámara en el baño

El ardid se descubrió cuando una de las adolescentes notó que un reloj colocado en el baño no funcionaba. Al manipularlo, descubrió que en realidad era una cámara espía con micrófono incorporado. Alarmadas, las jóvenes confrontaron al acusado, quien fingió comunicarse con los supuestos responsables del programa y les pidió que lo acompañaran a la “Ciudad Cultural”.

Allí, las víctimas relataron lo ocurrido a efectivos policiales apostados en el lugar. Durante el procedimiento, el joven se mostró nervioso y, según testigos, intentó deshacerse de la cámara arrojándola por la ventanilla de un patrullero. Sin embargo, los policías lograron recuperarla.

El contenido del dispositivo

Los peritajes iniciales revelaron que el reloj-cámara contenía 15 videos y 68 fotografías tomadas en el baño del departamento, registradas durante el día y medio que las víctimas permanecieron allí. También se hallaron archivos similares de otras jóvenes que habrían caído en engaños previos, además de una gran cantidad de material de abuso sexual infantil.

Por esa razón, la fiscalía amplió la acusación y pidió peritajes complementarios para determinar si el contenido fue solo descargado o también producido por el acusado.

La decisión del juez

Al fundamentar la prisión preventiva, el juez Hansen coincidió con la fiscalía en la gravedad del hecho, la sofisticación del plan y el riesgo procesal que implica la formación técnica del imputado. Rechazó los planteos de la defensa, que había ofrecido una caución y el compromiso de no interferir con las pericias.

El magistrado subrayó que el acusado “mostró un claro intento de entorpecer la investigación al arrojar la cámara y negar su existencia”, y destacó la necesidad de proteger a las víctimas y asegurar el análisis completo del material secuestrado.

Con esta resolución, G.F.F. permanecerá detenido mientras avanza la investigación, que podría extenderse al menos 90 días y determinar si existieron más víctimas captadas bajo el mismo engaño digital.