La Cámara de Diputados de Mendoza debatirá este miércoles el Presupuesto 2026 presentado por el gobernador Alfredo Cornejo, junto con las leyes de Avalúo e Impositiva, claves para la administración provincial. El oficialismo buscará aprobar el paquete fiscal y obtener los votos necesarios para autorizar un nuevo endeudamiento y el refinanciamiento de vencimientos de deuda, maniobras que volverían a hipotecar parte de los ingresos futuros de la provincia.
El Gobierno mendocino proyecta un gasto total de 6,2 billones de pesos y estima ingresos por 5,6 billones, con un crecimiento del PBI del 5% y una inflación anual del 10,1%. Entre las prioridades del Ejecutivo se destacan obras viales, mejoras hospitalarias y proyectos habitacionales, aunque el porcentaje destinado a inversión pública será del 14,5%, lo que representa un leve descenso en comparación con años anteriores.
Cornejo pedirá autorización para tomar deuda por $240.000 millones, de los cuales $140.000 millones se destinarían a la ampliación del Metrotranvía y $100.000 millones al Tren de Cercanías que conectaría San Martín y Junín con el Gran Mendoza. Además, solicitará el aval legislativo para el roll over de $350.000 millones que vencen en 2026. Para ello, necesita alcanzar los dos tercios de los votos, lo que lo obliga a negociar con la oposición, en especial con el bloque de La Unión Mendocina, que ya anticipó su predisposición a acompañar el presupuesto.
Antes de la discusión del Presupuesto, los diputados tratarán las leyes de Avalúo e Impositiva, que contemplan una reducción progresiva en los Impuestos a los Sellos e Ingresos Brutos, aunque sin grandes beneficios reales para los contribuyentes. En paralelo, el Gobierno implementará una recategorización inmobiliaria que podría implicar aumentos encubiertos para miles de propietarios, bajo el argumento del “ordenamiento territorial”.
El oficialismo apuesta a mostrar responsabilidad fiscal, pero la discusión expone una vez más el modelo de gestión de Cornejo, que combina ajustes con endeudamiento y prioriza la obra pública de impacto político sobre la recomposición salarial y la inversión social. Mientras tanto, la oposición mendocina parece dispuesta a avalar el plan con mínimas objeciones, consolidando un acuerdo que mantiene en pie la lógica del crédito eterno.