En la Cámara de Diputados ingresó un proyecto de ley que apunta a incorporar a los trabajadores digitales y freelancers al sistema tributario formal. La iniciativa, presentada por la diputada Lourdes Arrieta (Bloque Coherencia), propone la creación del Monotributo Digital Autónomo, un subrégimen dentro del Monotributo tradicional para quienes desarrollen actividades económicas a través de plataformas o medios digitales.
El objetivo, según el texto, es “promover la inclusión del sector a la economía formal, la seguridad jurídica y previsional y el desarrollo sostenible del trabajo autónomo digital”. El esquema alcanzaría a todas las personas que, sin relación de dependencia, generen ingresos mediante plataformas o servicios online, tanto en el país como en el exterior.
El proyecto contempla diversas modalidades: desde quienes trabajan en plataformas de intermediación como Uber, Rappi, PedidosYa o DiDi, hasta quienes generan ingresos por tiendas online, redes sociales o exportación de servicios digitales, como programadores, diseñadores o docentes virtuales. También incluye el teletrabajo independiente y la creación de contenidos o servicios digitales en redes y plataformas de streaming.
Los inscriptos deberán emitir factura electrónica y realizar aportes previsionales de acuerdo con su categoría. El sistema permitirá compatibilizar esta actividad con otros ingresos, siempre que no exista una relación laboral de dependencia.
El régimen mantiene derechos básicos como la autonomía horaria, la libertad de ofrecer servicios a múltiples clientes o plataformas, y el acceso a cobertura de salud y jubilación. Además, impone nuevas obligaciones a las plataformas digitales, que deberán brindar información transparente sobre la asignación de tareas, los criterios de pago y los algoritmos de evaluación o baja de cuentas.
En los fundamentos, Arrieta destacó que la digitalización y el avance de la inteligencia artificial “reconfiguraron el mundo del trabajo” y que la legislación argentina “no puede seguir ignorando esa transformación”. El texto cita antecedentes internacionales como la Ley Rider de España, el régimen MEI de Brasil y la Ley 21.431 de Chile, que regularon el trabajo en plataformas digitales.
“Este régimen constituye una herramienta moderna, federal y ética para garantizar derechos, promover la innovación y consolidar la economía digital en nuestro país”, sostuvo la diputada.