El reciente acuerdo en el Congreso de Estados Unidos para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país ha desatado una polémica inesperada. En medio de las negociaciones, un grupo de senadores republicanos impulsó una cláusula que les permitiría demandar al Departamento de Justicia (DOJ) por supuestas intervenciones ilegales en sus registros telefónicos durante la investigación del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El texto de la ley contempla compensaciones de hasta 500.000 dólares por persona, una medida que ha generado acusaciones de privilegio legislativo.
El paquete legislativo, destinado a reactivar el financiamiento federal y evitar despidos masivos, fue aprobado con amplio apoyo republicano tras semanas de tensión política. Entre los beneficiarios figuran Marsha Blackburn, Lindsey Graham, Josh Hawley y Ron Johnson, entre otros senadores que respaldaron a Donald Trump en sus cuestionamientos al resultado electoral de 2020. Para la oposición demócrata, la inclusión de esta cláusula constituye un acto de autobeneficio y erosiona la confianza en el Congreso.
La medida surge tras años de tensiones entre el poder legislativo y el DOJ por la forma en que se investigaron las comunicaciones de los senadores durante el mandato de Trump. Los legisladores afectados sostienen que la recopilación de datos sin notificación violó la Ley de Privacidad de las Comunicaciones y sentó un precedente peligroso. Sin embargo, expertos en derecho constitucional advierten que la disposición podría ser inconstitucional al otorgar beneficios retroactivos a individuos específicos, una práctica que rara vez supera el escrutinio judicial.
En términos prácticos, la nueva ley bloquearía investigaciones futuras sobre senadores en funciones sin una orden judicial previa y sin notificación inmediata al Congreso. Esto limitaría la capacidad de fiscales federales para indagar posibles abusos de poder o coordinaciones políticas ilegales, debilitando el control institucional. Para los críticos, esta protección especial responde a un patrón creciente de legislaciones diseñadas para blindar a figuras políticas en contextos de alta polarización.
🚨 JUST IN: Massive mic drop from SCOTT BESSENT
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 12, 2025
"The Democrats tried to stop President Trump. They couldn’t stop him in the courts, they couldn't stop him with the mainstream media, so they shut down the government. They have taken the mask OFF!" 💯pic.twitter.com/CPGb7iKRPA
Históricamente, los intentos de usar leyes retroactivas para proteger a legisladores han sido escasos y controvertidos. Casos similares se observaron en algunos parlamentos de Europa del Este durante las transiciones democráticas, donde se concedieron inmunidades para evitar juicios por corrupción. En Estados Unidos, este tipo de medidas podría debilitar la separación de poderes, ya que el Congreso legislaría sobre asuntos que afectan directamente a sus propios miembros. La oposición advierte que este precedente podría ser replicado por otras mayorías futuras con fines de autoprotección.
Democrats SHUT DOWN the Government to protect $40 BILLION in Obamacare subsidies for Insurance companies…
— Rob Smith (@robsmithonline) November 6, 2025
68% of healthcare companies’ political contributions go to DEMOCRATS!
TAX DOLLARS are used through healthcare companies to fund Democrats!
REFORM! pic.twitter.com/VFXrFVrpKw
El impacto más profundo será institucional. Si la norma se mantiene sin impugnaciones judiciales, sentará un precedente de impunidad legal parcial para los legisladores. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, esta medida podría erosionar aún más la percepción de independencia judicial y minar la credibilidad de los mecanismos de fiscalización. De confirmarse, el pacto que evitó el cierre del gobierno podría pasar a la historia no solo por salvar el presupuesto, sino por redefinir los límites del poder congresional en Estados Unidos.