Hungría paga un millón de euros al día por negarse a aceptar migrantes

El primer ministro húngaro Viktor Orbán volvió a desafiar abiertamente a la Unión Europea al asegurar que su país “prefiere pagar” antes que aceptar la llegada de inmigrantes irregulares. Desde junio de 2024, Hungría debe abonar una multa de un millón de euros diarios, impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir las normas comunitarias en materia de asilo.

La sanción, una de las más severas en la historia del bloque, se suma a un pago único de 200 millones de euros. El fallo calificó la conducta del gobierno de Budapest como “una infracción sin precedentes y extraordinariamente grave del derecho de la Unión”, acusando a Hungría de impedir el acceso al procedimiento de protección internacional y de expulsar de forma irregular a solicitantes de refugio hacia terceros países.

El caso tiene su origen en una sentencia anterior de 2020, cuando el tribunal ya había advertido al país por mantener zonas de tránsito en la frontera con Serbia, donde solicitantes de asilo eran retenidos en condiciones restrictivas sin garantías judiciales. En lugar de adaptar su sistema a las normas europeas, Hungría endureció su legislación, obligando a los solicitantes a presentar peticiones de asilo fuera de su territorio, en embajadas ubicadas en Belgrado o Kiev.

Orbán, que gobierna desde 2010 y mantiene una política migratoria ultraconservadora, respondió con dureza: “Pagar un millón de euros al día es más barato que rendirse ante Bruselas”. Con esta frase, defendió su decisión de mantener cerradas las fronteras a quienes intentan ingresar sin autorización, especialmente desde la ruta de los Balcanes.

Hungría construyó un muro fronterizo en 2015 para detener el flujo migratorio.

En 2015, durante la llamada crisis de los refugiados, Hungría fue uno de los primeros países en levantar un muro fronterizo con Serbia y Croacia, reforzado con alambre de púas y cámaras térmicas. Esa barrera se convirtió en símbolo del rechazo a la política de puertas abiertas impulsada en aquel momento por Alemania y otros socios comunitarios.

La Comisión Europea sostiene que Budapest vulnera el principio de solidaridad entre los Estados miembros y los valores fundacionales de la Unión. “Las normas comunes de asilo existen para proteger tanto a quienes buscan refugio como a los propios Estados. Nadie puede eludirlas sin consecuencias”, declaró un portavoz del organismo tras conocerse la sentencia.

La postura de Orbán se enmarca en su visión de una “Europa de naciones soberanas”, que prioriza el control de las fronteras por encima de las decisiones conjuntas de Bruselas. Su gobierno, cercano a movimientos nacionalistas de otros países europeos, ha utilizado reiteradamente el tema migratorio como bandera política, presentando a la Unión Europea como una amenaza a la identidad húngara y cristiana.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea calificó la conducta de Hungría como “una infracción sin precedentes”.

Aunque la multa comenzó a aplicarse en 2024, Hungría no ha dado señales de cumplimiento. De hecho, funcionarios del gobierno afirman que el país no modificará su legislación, incluso si el monto supera los 500 millones de euros acumulados. Esta actitud alimenta la posibilidad de nuevos conflictos con la Comisión y agrava el debate sobre el respeto al Estado de derecho dentro del bloque.

Mientras las sanciones se acumulan, el caso se convirtió en un nuevo punto de quiebre entre el nacionalismo húngaro y la legalidad comunitaria. Para Bruselas, el cumplimiento de la sentencia es una cuestión institucional y jurídica. Para Orbán, una batalla ideológica por la soberanía y el control de las fronteras.