La educación pública provincial atraviesa un período crítico. De acuerdo con el informe “Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década” de Argentinos por la Educación, 19 de las 24 provincias invirtieron en 2024 menos recursos en educación que diez años atrás. El estudio, elaborado por Osvaldo Giordano, María Sol Alzú y Martín Nistal, muestra además que 22 jurisdicciones redujeron su gasto educativo en términos reales entre 2023 y 2024, en un contexto marcado por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una alta inflación.
El análisis se basa en los datos de ejecución presupuestaria de las provincias entre 2014 y 2024, junto con la evolución de los salarios docentes proyectada hasta junio de 2025. Los resultados revelan una tendencia descendente del financiamiento educativo provincial y una pérdida de prioridad frente a otras áreas del gasto público.

Según el informe, las provincias financian en promedio el 75% del presupuesto educativo, mientras que el 25% restante proviene de la Nación, principalmente destinado al sistema universitario. Del total provincial, alrededor del 90% se destina a salarios docentes, lo que deja poco margen para infraestructura, materiales y otros componentes del sistema.
En la última década, 16 provincias redujeron la proporción del gasto educativo dentro del presupuesto total, reflejando una pérdida de prioridad institucional. En paralelo, 21 jurisdicciones pagan hoy salarios docentes más bajos que en 2014 en términos reales. Solo Chaco, Santiago del Estero y Río Negro muestran una mejora en 2025 respecto de una década atrás. Aun así, el informe anticipa una recuperación parcial hacia fines de 2025, con aumentos reales de salarios en 13 provincias.

“Venimos de una década perdida. También para la educación es una década perdida. El sistema educativo viene sufriendo un intenso proceso de degradación”, alertó Osvaldo Giordano, presidente del IERAL y coautor del informe. Para el economista, la caída del PBI per cápita, la inflación y el aumento de la pobreza explican el deterioro estructural. “Preservar la inversión y mejorar la gestión educativa es una de las reformas más urgentes”, subrayó.
El estudio también advierte sobre la falta de información pública y estandarizada que permita comparar de forma homogénea los presupuestos provinciales. Para 2025, los investigadores señalan que no existen datos consolidados desagregados por función, lo que impide evaluar con precisión la evolución del gasto educativo.
Desde una mirada complementaria, Javier Curcio, investigador del IIEP (UBA-CONICET), señaló que el informe “evidencia un deterioro del financiamiento educativo provincial en el mediano plazo, con una merma de las remuneraciones docentes, factor crítico para la calidad del proceso de enseñanza”. Para Curcio, las desigualdades regionales exigen “un rol nacional estabilizador que compense inequidades territoriales y permita planificar con previsibilidad”.

Por su parte, el economista Alejandro Morduchowicz destacó la heterogeneidad de las respuestas provinciales ante la crisis: “En algunas provincias la educación fue el sector más ajustado, mientras que en otras cayó menos que el gasto público general. Esto muestra diferentes valoraciones y la dificultad de programar estrategias de mediano y largo plazo”.
Finalmente, Darío Rossignolo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, sintetizó el diagnóstico: “Entre 2014 y 2024, 16 provincias destinaron una porción menor de sus recursos al sector educativo. Junto con el retroceso salarial, esto evidencia una pérdida de prioridad relativa de la inversión en educación”.
Con un panorama de financiamiento en retroceso, salarios erosionados y desigualdades crecientes entre jurisdicciones, el informe plantea una advertencia clara: sin un compromiso político sostenido y una coordinación entre Nación y provincias, la brecha educativa podría profundizarse en los próximos años.