El Ejecutivo Nacional ha publicado un decreto que modifica el régimen de prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en la zona metropolitana de Buenos Aires a través de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A.

La clave del cambio es el nuevo texto del artículo 81 del “Marco Regulatorio” que hasta ahora limitaba los cortes de agua en hogares (o los condicionaba bajo criterios de salud pública). Con la nueva regulación, la empresa concesionaria queda facultada para proceder al corte del servicio ante mora en el pago de facturas.
El artículo 81 regula específicamente: “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes, sin perjuicio de los cargos por mora e intereses que se establecen en el presente Marco Regulatorio”.
Asimismo, el instrumento establece que si la empresa realiza un corte y luego se demuestra que no correspondía, debe restablecer el servicio en un plazo máximo de 48 horas y aplicar un crédito al usuario por demora.
Este cambio “faculta a la empresa o concesionario a cortar el servicio de agua en caso de mora” para usuarios residenciales con más de 60 días de atraso, para no residenciales con 15 días.

Hasta ahora, había una mayor protección del derecho humano al agua en la normativa vigente, que establecía que el servicio debía prestarse de forma continua y era incompatible con cortes por mora en hogares de usuarios residenciales.
Con esta modificación, el servicio pasa a tener una faceta más estricta: la mora de un usuario puede derivar en la interrupción del suministro, lo cual coloca al agua potable bajo un régimen más cercano al de otros servicios sujetos a corte (luz, gas) que al de un derecho básico inalienable.
El cambio está enmarcado en una mayor reforma del sector, que incluye la apertura del capital privado en AySA y una nueva regulación para el servicio público de agua y cloacas
Los defensores de los derechos humanos al agua advierten que permitir cortes por mora desdibuja el carácter del agua como “derecho humano” reconocido en leyes y tratados internacionales, y cuestionan la proporcionalidad del corte frente a factores de vulnerabilidad económica de familias.
Desde el Gobierno y la regulación, se argumenta que la medida busca responsabilizar al usuario y garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa prestadora, en un contexto de urgencia económica y necesidad de inversiones de infraestructura.
Para los usuarios residenciales, esto plantea escenarios de riesgo: familias con facturas atrasadas podrían enfrentarse a quedarse sin agua, lo cual activa alertas sanitarias y de derechos sociales.
Será clave ver cómo se aplica esta norma en la práctica, cuánto margen de negociación habrá para usuarios con mora, qué salvaguardas implementará el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), y qué criterios se usarán para definir “mora” o vulnerabilidad.
También se deberá observar si habrá recursos de amparo o demandas colectivas que cuestionen la constitucionalidad de los cortes por agua, dada la jurisprudencia sobre servicios públicos y derechos humanos.
Finalmente, esta medida se inserta en un esquema más amplio de reforma de la gestión del agua en Argentina, lo que generará debates sobre privatización, tarifas, calidad del servicio y equidad.
FS