México se prepara para una etapa de crecimiento económico apoyado en la contratación de trabajadores migrantes, una estrategia que gana tracción ante la escasez de mano de obra en sectores industriales y de servicios. El Gobierno de Claudia Sheinbaum reconoce que el dinamismo previsto para los próximos años exigirá ampliar la fuerza laboral disponible, un desafío que coincide con el cambio en los flujos migratorios de la región. Cada vez más personas permanecen en territorio mexicano ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, lo que convierte al país en un destino emergente y no solo de tránsito.
Al mismo tiempo, empresas mexicanas de gran tamaño expresan un interés sostenido en incorporar migrantes de forma regular, siempre que los trámites laborales se agilicen. Las demoras en los permisos de trabajo y residencia, que pueden extenderse durante meses, impiden aprovechar la disponibilidad inmediata de estos trabajadores. Este retraso burocrático alimenta la informalidad y limita la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas, un punto subrayado por organismos internacionales que observan una oportunidad económica, pero también un riesgo.
Canadá ofrece un espejo útil para comprender las dimensiones del fenómeno. Su programa de trabajadores extranjeros temporales se convirtió en una herramienta estructural para responder a la escasez crónica de mano de obra, especialmente en agricultura, servicios y manufactura. Aunque el país garantiza en teoría igualdad de derechos laborales, diversos informes han señalado restricciones prácticas, como permisos atados al empleador o dificultades para acceder a la residencia permanente. El resultado es una integración parcial que sostiene la economía, pero genera vulnerabilidad.
Ambos países, aunque con realidades diferentes, coinciden en un proceso de dependencia creciente de la migración laboral para mantener su dinamismo económico. México enfrenta la tarea de ordenar un sistema saturado por la magnitud de los flujos; Canadá, por su parte, lucha por modernizar un esquema que no siempre protege adecuadamente a quienes sostiene su mercado laboral. En ambos casos, los gobiernos se ven obligados a equilibrar eficiencia económica y derechos humanos, un desafío que se vuelve más visible con el envejecimiento de las poblaciones locales.

Tanto México como Canadá deben enfrentar un dilema estratégico: cómo agilizar la contratación de migrantes sin sacrificar estándares laborales. La diferencia radica en que México busca construir un modelo desde cero, mientras Canadá intenta corregir un sistema maduro que acumula tensiones. Sin embargo, ambos reconocen que la economía no podrá sostener su ritmo sin un flujo constante de trabajadores extranjeros, lo que indica que la migración será un componente permanente y no una solución temporal.

A futuro, la evolución de estos modelos dependerá de la capacidad de ambos países para alinear su política migratoria con sus necesidades económicas, reduciendo la informalidad, fortaleciendo la certificación de habilidades y garantizando movilidad laboral real. La probabilidad de que México adopte mecanismos más ágiles y transparentes es alta, impulsada por la presión empresarial; en Canadá, la tendencia apunta a reformas que otorguen mayor protección sin frenar la llegada de trabajadores.