El Gobierno analiza citar a la nueva cúpula de la CGT antes de mandar la reforma laboral

A días de que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso su proyecto de reforma laboral para tratar en las sesiones extraordinarias de diciembre, en la Casa Rosada crece la posibilidad de dialogar con los flamantes cotitulares de la CGT antes de cerrar el texto definitivo. Aunque la idea todavía no pasó del plano exploratorio, en el Gobierno señalan que el clima con la nueva conducción —integrada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio)— a la que le reconocen vocación de lavar la cara del sindicalismo.

Esa eventual convocatoria sería la continuidad natural de las conversaciones que ya mantuvieron, en los últimos meses, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo con distintos referentes sindicales. Y se sumaría al cruce fugaz de este miércoles entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y los nuevos líderes de la CGT en uno de los salones VIP del Centro de Convenciones porteño, durante la Conferencia Anual de la UIA. El oficialismo insiste en que su objetivo es “modernizar el sistema laboral”, y que involucrar al sindicalismo forma parte de esa estrategia, aunque recalcan que la decisión final será del Ejecutivo.

Mientras tanto, el Consejo de Mayo —el cuerpo consultivo que se reúne todos los días 20 en el Ministerio del Interior— continúa ajustando los borradores del proyecto. La representación de la CGT en ese ámbito recae en Gerardo Martínez, dirigente de UOCRA, quien admitió que las distancias persisten: “En las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT expresó un contundente rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho más si se inspira en el Decreto 70/23”, afirmó tras el último encuentro.

En paralelo, la central obrera viene articulando con gobernadores una respuesta conjunta a lo que define como “normas antisindicales”. Entre los puntos que más preocupación genera está la posibilidad de exigir autorización previa para realizar asambleas en los lugares de trabajo, una medida que consideran destinada a limitar la organización de protestas.

El equipo económico también juega su parte. El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Gobierno buscará “incentivar la formalización laboral” mediante una reducción de cargas patronales, que serían sustituidas por un fondo de cese laboral. Además, anticipó modificaciones en el Impuesto a las Ganancias y la creación de un régimen para nuevos empleos.

La reacción sindical: paros en marcha

Mientras el Ejecutivo intenta tender puentes, los gremios más duros se mueven en dirección contraria. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para el miércoles 19, con movilización hacia la Secretaría de Trabajo. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, no dejó margen para la duda: “No tenemos que esperar la letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle esta reforma”.

En la misma línea, la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA), encabezada por Daniel Yofra, anunció un plan de lucha propio contra lo que describe como una “reforma laboral regresiva”. “La batalla que hay que hacer es ir a la huelga. No podemos quedarnos con que nosotros estamos bien; tenemos que tener empatía con el resto de la clase trabajadora”, sostuvo durante el 74° Congreso del gremio.

GZ