Gobernadores dudan de la reforma laboral de Milei y la ven como un gesto al mercado

Los gobernadores comenzaron a poner en palabras lo que en Casa Rosada intentan evitar: la reforma laboral que impulsa Javier Milei no sería una transformación profunda del sistema de empleo argentino, sino un gesto político destinado a tranquilizar al mercado y mostrarle al FMI que el Presidente puede construir consensos. En privado, varios mandatarios admiten que el Gobierno parece más interesado en exhibir músculo legislativo que en impulsar cambios que realmente modifiquen la matriz laboral.

La señal de alarma se hizo evidente cuando, en las últimas semanas, dejaron de hablar de “reforma” y pasaron a llamarla “modernización”. El cambio semántico no es casual: responde a la convicción de que el proyecto no traerá modificaciones de fondo. “Si fuera una reforma fundacional, estaríamos revoleando sillas”, ironizó el equipo de un gobernador, dejando en claro que nadie en las provincias espera un shock productivo o de creación de empleo.

Los empresarios tampoco muestran entusiasmo. Grandes nombres del círculo rojo reconocen su sorpresa por no haber sido convocados a discutir la letra chica, un proceso que quedó concentrado en Capital Humano, bajo el mando de Julio Cordero y Miguel Punte. En Córdoba, incluso subrayan que no son los gigantes como Pagani o Urquía quienes piden la reforma, sino sectores de las pymes que reclaman alivio regulatorio más que un rediseño completo del modelo laboral.

Para sumar legitimidad, el Gobierno decidió que el Consejo de Mayo sea el encargado de presentar el proyecto a mediados de diciembre. Allí confluyen nombres pesados como Alfredo Cornejo por los gobernadores, Gerardo Martínez (UOCRA) por la CGT y Martín Rapallini por la UIA. Pero puertas adentro reina el desconcierto: no hubo negociaciones a la altura de una reforma estructural y nadie conoce aún los detalles concretos de la propuesta.

En ese clima de incertidumbre, la expectativa de los mandatarios es mínima. Su diagnóstico es tajante: sin consensos reales, sin consultas amplias y sin medidas que ataquen los problemas de fondo —como la litigiosidad laboral, la informalidad o los costos no salariales—, el proyecto difícilmente generará empleo genuino. A menos que la Rosada sorprenda, la “modernización” amenaza con convertirse en otra promesa que no altera el mapa laboral.