Milei presenta un polémico plan de peajes: ¿qué consecuencias trae para los conductores?

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) salió a cruzar con dureza el nuevo régimen de concesiones viales que impulsa el gobierno de Javier Milei, al que califican como una reedición “inconstitucional” y “nefacta” del esquema que fracasó en los años 90. Su titular, Ricardo Lasca, aseguró que el modelo constituye un “falso peaje”: no hay obras nuevas previstas, no existe un camino alternativo libre de pago -como exige la Constitución- y el Estado no reinvierte lo que recauda.

Los cuestionamientos se centran en que los pliegos licitatorios únicamente exigen tareas de mantenimiento básico -corte de pasto, limpieza y conservación- sin contemplar ampliaciones, seguridad ni mejoras sustantivas. A eso se suma un aumento proyectado que triplicaría las tarifas y la instalación de 54 nuevas cabinas, lo que dejaría una estación cada 97 kilómetros en promedio. En ese esquema, un camión debería pagar entre 25 mil y 30 mil pesos por pasada, y solo en el trayecto Capital-Bahía Blanca desembolsaría 35 millones de pesos al año.

Otro punto crítico es la ausencia de un ente regulador, obligatorio en un servicio público concesionado. El Gobierno promete contratos a 30 años pero sin organismo de control, por lo que en el Conaduv evalúan avanzar con una medida cautelar para frenar las licitaciones. El problema: la vía institucional para estos planteos debería ser el Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo vacante desde hace 16 años. Las presentaciones hechas a través de defensores provinciales terminaron trabadas por falta de legitimidad federal.

El organismo también acusa al Ejecutivo de desviar los 3.000 millones de dólares anuales recaudados por Impuesto a los Combustibles, fondos que deberían financiar la red vial pero que, desde la llegada de Milei, no se volcaron a ninguna obra. Y señalan una contradicción central: la primera gran concesión -la de las rutas 12 y 14- depende de créditos subsidiados del BICE, es decir, de fondos públicos. El gran ganador fue José Cartellone, empresario procesado en Cuadernos, que podría perder el contrato si resulta condenado.

Para el Conaduv, la gestión de Milei no solo no resolverá los problemas estructurales de la red vial sino que los profundizará, dejando al país con peajes más caros, sin obras y con rutas cada vez más peligrosas. Por eso exigen que Vialidad Nacional -organismo que el Gobierno quiso disolver- recupere el control directo de la red y retome un esquema de gestión pública, transparente y con participación ciudadana. “Nos mintieron en la cara”, sintetizó Lasca, apuntando a un modelo que, asegura, ya demostró su fracaso.