Crónica de un vaciamiento: cómo quebró La Suipachense, el emblema de todo un pueblo

Una resolución judicial declaró en estado de quiebra a la empresa Lácteos Conosur S.A, razón social de La Suipachense, la tradicional marca con más de 70 años de historia en el mercado argentino. La medida adoptada días atrás por el juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes fue resultante de un extenso conflicto no exento de desmanejos y malas administraciones comerciales que llevaron a la firma a la bancarrota. 

El cierre de la fábrica toma otra dimensión si se considera que era uno de los principales motores productivos de Suipacha, una pequeña localidad de poco más de 11.000 habitantes. 

A las 143 familias que quedaron en la calle- los trabajadores ya pueden considerarse formalmente despedidos e ir a juicio- se suma el fuerte impacto en la economía del pueblo: dejaron de circular unos 400 millones de pesos mensuales, según una estimación del municipio. 

Entre los sectores afectados aparecen tamberos, proveedores de servicios, oficios y la propia comuna.  Pero el golpe no es solo económico; también representa la pérdida de un símbolo de identidad y reconocimiento social de una comunidad. 

Crónica del vaciamiento: cómo quebró “La Suipachense”

La Suipachense había sido adquirida en 2012 por los hermanos venezolanos Manuel y Carlos Fernández,  dueños de  Maralac S.A. Los empresarios “antichavistas”  pisaron fuerte en el país no solo con la adquisición de la firma: también se hicieron cargo de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), fabricante de los reconocidos yogures y postres de SanCor (quebró del mismo modo hace algunos días). 

Los problemas económicos de “La Suipachense” se remontan a diciembre del 2017 cuando la empresa entró en concurso de acreedores. Por ese entonces, el pasivo era cercano a los 250 millones de pesos. 

Desde ese momento, la fábrica alternó momentos de crisis y de recuperación. Tras la complejidad de la pandemia, mostró un repunte en sus actividades. En 2021 pasó de vender 30.000 a 410.000 litros de leche diarios y fue mostrada como ejemplo de la recuperación económica por el entonces ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado" de Pedro. 

La industria se está recuperando. Nos reunimos con empresarios del Parque Industrial de Suipacha en la metalúrgica Di Pólvere, junto a @JuanluisMancini y @belu_morales, y nos contaron que ya están produciendo entre 4 y 10 veces más que en 2019. pic.twitter.com/WgtpaNUJOX

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) November 6, 2021

Un par de años más tarde, la empresa volvió a sumergirse en una crisis. Al inicio de la gestión de Javier Milei, los empresarios atribuían las causas a factores externos como el alto costo de la producción, la inflación acumulada y las altas tasas de interés que aplicó la administración libertaria para contener el precio del dólar. 

Más allá de las cuestiones macroeconómicas -a este combo debe agregarse una fuerte caída en el consumo de leche- varias voces cercanas al conflicto coinciden en atribuir la crisis final al “desmanejo” y un presunto “vaciamiento” buscado por parte del grupo empresario. 

Ochenta días de angustia y de resistencia de los trabajadores de La Suipachense

El punto más álgido de la crisis de La Suipachense se remonta al mes de septiembre de 2025 cuando nueve trabajadores administrativos fueron despedidos y la compañía amenazó con cesantear a otros sesenta empleados. 

La situación movilizó a los trabajadores de la plata  y a representantes gremiales de la  Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) a montar un acampe frente a la sede de la fábrica que se mantiene hasta ahora. 

Para ese entonces, las finanzas empresariales eran ruinosas. Los cheques rechazados ascendían a la suma de $ 8.458.599.415,78. 

Las deudas salariales se acumularon de  julio a octubre. Los trabajadores, a través del gremio ATILRA y sus obras sociales OSPIL y AMPIL (mutual), reclaman alrededor de $1.000 millones. 

A fines de agosto, los empleados y sus familias marcharon desde la planta hasta el centro de Suipacha. La movilización contó con un fuerte acompañamiento de los vecinos que, desde el estallido de la crisis, dio sobradas muestras de respaldo a las familias afectadas. 

Como forma de obtener ingresos, los trabajadores comenzaron a elaborar pizzas, tortas y tortafritas y a venderlas en el acampe. Las sucesivas audiencias en el ministerio de Trabajo y la reticencia empresarial a colaborar con algunas alternativas planteadas por las autoridades locales y provinciales anticipaban el desenlace. 

Tanto el municipio de Suipacha, a través del intendente Juan Luis Mancini como el Ministerio de Producción bonaerense, intentaron mediar en el conflicto y ayudar a levantar la producción mediante acciones para posicionar los productos más emblemáticos en góndola (leche en sachet, dulce de leche, crema de leche o quesos) pero encontraron poca o nula colaboración de los dueños de la firma. 

“Parecía que había un escenario buscado de llevar la empresa a la quiebra”, lamentaron. 

La misma sensación quedó en los jueces. La presentación del pedido de quiebra vino acompañada por un débil "Plan de Acción” empresarial, que los acreedores tildaron como una “burla”, según consta en el expediente al que accedió NewsDigitales. 

“Como se observa sin mayores esfuerzos interpretativos, lejos ha estado el ‘plan de acción’  de configurar el cumplimiento del acuerdo que se tacha de incumplido, por cuanto solo se vislumbra como una suerte de ‘espera’ o ‘prórroga’ de las obligaciones incumplidas” lamentaron desde el Juzgado. 

Además, ese periodo transcurrió mientras la firma decretó el cese en su producción durante los últimos tres meses, situación que ocasionó “la nula generación de ingresos”. 

Especialistas en el mercado incluso advierten que la caída del consumo paradójicamente fue una oportunidad desaprovechada, ya que en contextos de crisis los consumidores suelen volcarse hacia segundas marcas a valores más accesibles.  

La quiebra definitiva 

Ante ese escenario, el juzgado Civil y Comercial N°7 de Mercedes dictó la quiebra de “La Suipachense”. Entre las principales medidas dispuso la inhabilitación de la compañía y la clausura del establecimiento. Decretó la inhibición general de bienes y la incautación de su documentación contable.

El administrador venezolano Jorge Luis Borges León fue inhabilitado para ejercer funciones comerciales por un año y deberá solicitar autorización judicial para salir del país. "El responsable administrativo deberá la inmediata entrega a la sindicatura de las llaves del establecimiento y las claves de acceso digital”, afirmaron. 

Mientras las autoridades judiciales avanzan con las primeras medidas y corren los plazos para formular impugnaciones y observaciones por parte de la compañía, el acampe de los trabajadores se mantiene en pie. 

En el horizonte, la expectativa es que algún nuevo inversor apueste por levantar la quiebra a partir de las bondades del predio fabril -tiene una secadora para procesar hasta 300.000 litros de leche por día- y el valor de marca de la firma, que aún se mantiene vigente por su identificación comunitaria.