16/11/2025 - Edición Nº1013

Internacionales

Viraje electoral

Las elecciones en Chile y Ecuador: ¿apuesta por más seguridad o más control?

15/11/2025 | Las campañas en ambos países muestran cómo el miedo a la inseguridad y la presión migratoria empujan al electorado hacia la derecha.



La escena política de Chile y Ecuador se ha estrechado alrededor de dos palabras que dominan la conversación pública: crimen y migración. En Chile, la elección presidencial se desarrolla bajo voto obligatorio y en medio de una fatiga institucional que dejó atrás el impulso reformista de 2019. En Ecuador, el debate se produce después de años de shock por la expansión del crimen organizado, con ciudades militarizadas y estados de excepción casi permanentes, lo que refuerza la idea de que la seguridad es el nuevo eje de legitimidad política en la región.

Aunque parten de realidades distintas, ambos países comparten un punto de contacto central: la sensación de que el Estado perdió capacidad para garantizar lo básico. En Chile, donde las cifras de homicidios siguen siendo relativamente bajas en comparación regional, la percepción de deterioro se alimenta de casos mediáticos, la presencia de bandas extranjeras y la precariedad en barrios periféricos. En Ecuador, en cambio, los asesinatos, las masacres carcelarias y los atentados se han vuelto parte del paisaje cotidiano, consolidando un escenario donde la prioridad no es el cambio social, sino la simple supervivencia.

Chile 


Chile es un país largo y angosto que se extiende por el borde occidental de Sudamérica, con más de 6,000 km de costa en el océano Pacífico.

Seguridad en el centro de la campaña

En Chile, la inseguridad se transformó en el filtro a través del cual se interpretan todos los demás problemas. Candidatos de derecha y extrema derecha insisten en que solo un giro más duro en materia policial, penal y fronteriza permitirá recuperar el control. La figura de José Antonio Kast encarna esa promesa de orden, mientras otros sectores de la derecha buscan combinar un discurso de firmeza con referencias a estabilidad económica. La izquierda, en tanto, se ve obligada a ajustar su agenda social a un lenguaje de “mano firme con derechos”, intentando no quedar atrapada en la acusación de blandura frente al delito.

Ecuador ofrece la versión radicalizada de esa misma lógica. El gobierno de Daniel Noboa ha construido su legitimidad sobre la idea de un “conflicto armado interno” contra las bandas, con operaciones militares, reformas constitucionales y acuerdos de seguridad con Estados Unidos. Este contexto reduce el espacio para propuestas gradualistas y empuja a buena parte del electorado hacia opciones que prometen continuidad o profundización del enfoque de choque. En la práctica, la competencia gira en torno a quién puede garantizar mejor la supervivencia cotidiana, más que sobre proyectos de transformación de largo plazo.

Migración y giro regional de la derecha

La migración funciona como un amplificador de estos miedos. En Chile, el ingreso masivo de venezolanos y haitianos se convirtió en un símbolo de Estado desbordado, utilizado por la derecha para cuestionar la capacidad del gobierno y reclamar controles drásticos. Las propuestas de cerrar pasos irregulares, endurecer expulsiones y condicionar el acceso a servicios públicos se presentan como complemento natural de las políticas de seguridad. Así, el voto conservador se alimenta tanto de la experiencia delictiva como de la incomodidad cultural frente a una sociedad que cambia rápido.

En Ecuador, la migración opera en doble sentido: decenas de miles de ecuatorianos intentan llegar a Estados Unidos mientras el país recibe flujos irregulares de la región. Esa combinación refuerza la imagen de Estado frágil y alimenta discursos que prometen recuperar control territorial, disciplinar instituciones y negociar en mejores términos con Washington. El resultado, en Chile y Ecuador, es un desplazamiento visible del centro político hacia posiciones más duras, donde la derecha encuentra un terreno fértil, pero también un riesgo: que la agenda pública quede reducida a seguridad y fronteras, dejando en segundo plano desigualdad, servicios públicos y calidad democrática.