La reelección de Rafael Guerra Álvarez al frente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se convirtió en un síntoma del momento bisagra que atraviesa el sistema judicial del país. Su victoria con una mayoría sólida entre magistrados, pese a las protestas laborales y críticas internas, refleja la persistencia de mecanismos corporativos que moldearon durante décadas la vida interna del poder judicial capitalino. Para muchos trabajadores y sectores de la sociedad civil, esta continuidad simboliza un ciclo que parece resistirse a la transición anunciada a escala nacional.
El proceso se desarrolló bajo fuerte presión pública por el asesinato del abogado David Cohen y por los paros que reclamaban mejores condiciones laborales, lo que añadió tensión a una elección ya controvertida. Sin embargo, el resultado confirmó que el tribunal mantenía una dinámica interna cohesionada, capaz de blindar a su dirigencia incluso frente a un clima social adverso. Esta escena contrasta con el impulso federal hacia un modelo donde la ciudadanía tendrá un rol cada vez más relevante en la selección de altos cargos judiciales.
La reforma constitucional que permitirá elegir por voto popular a jueces y magistrados abrió un debate sobre el equilibrio entre independencia judicial y legitimidad democrática. El hecho de que la presidencia del TSJCDMX haya sido reelegida por última vez bajo el viejo esquema, antes del cambio previsto para 2027, convierte a este episodio en una pieza clave para entender la salida de un modelo centrado en acuerdos internos y controles reducidos. La distancia entre las demandas sociales y la estructura interna del tribunal quedó expuesta con inusual claridad.
Al mismo tiempo, la reforma federal plantea un rediseño estructural que busca ampliar la transparencia y limitar las redes de poder consolidadas en ciertos tribunales. La tensión entre el movimiento nacional y la situación en Ciudad de México pone en evidencia dos velocidades institucionales: mientras el país avanza hacia una apertura inédita, el tribunal capitalino envía una señal de continuidad que puede dificultar la adaptación futura y generar fricciones entre autoridades locales y federales.
Con 60 votos a favor, el magistrado Rafael Guerra Álvarez fue elegido como presidente del #TSJCDMX para el periodo del 1 enero 2026 al 31 agosto 2027. pic.twitter.com/6Tb6jIfyLC
— Poder Judicial de la Ciudad de México (@PJCDMX) November 14, 2025
El contraste entre ambos procesos sugiere que México atraviesa una etapa en la que coexistirán estructuras antiguas y nuevos mecanismos de designación judicial. Esto implica riesgos de fragmentación institucional, especialmente si los tribunales locales mantienen lógicas internas que la reforma busca superar. La reelección de Guerra puede convertirse en un caso de prueba para medir si los órganos tradicionales están dispuestos a alinearse con la transformación o si, por el contrario, intentarán preservar su autonomía histórica.
El #NotariadoCDMX felicita al Dr. Rafael Guerra Álvarez por su reelección como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
— Colegio de Notarios CDMX (@colegionotarios) November 14, 2025
Continuaremos impulsando la colaboración estrecha para fortalecer el Estado de Derecho en esta gran Ciudad.
Confiamos en que… pic.twitter.com/AQlzUZrwSs
En los próximos años, el funcionamiento del tribunal capitalino será un indicador crítico para evaluar la eficacia de la reforma federal. Si la institución logra acomodarse a las nuevas expectativas de legitimidad social, podría convertirse en un puente hacia una fase más transparente del sistema judicial. Si no lo hace, el desajuste entre continuidad interna y cambio nacional puede derivar en conflictos políticos y una erosión adicional de la confianza pública.