El reciente fallo del Tribunal Superior de Londres que declaró a BHP legalmente responsable por el colapso de la represa de Fundão en 2015 reabrió una discusión que Brasil nunca terminó de cerrar. La tragedia de Mariana, que arrasó el río Doce y dejó miles de afectados, vuelve a ocupar el centro del debate sobre qué tan preparadas están las grandes mineras para operar bajo estándares que reduzcan riesgos conocidos y ampliamente documentados. La decisión británica, al habilitar un litigio masivo, también refuerza la idea de que las responsabilidades corporativas ya no se limitan a la jurisdicción donde ocurre el daño.
A la sombra de ese precedente, resurgen comparaciones inevitables con Brumadinho, donde la represa de Córrego do Feijão —operada por Vale— colapsó en 2019 y provocó una de las peores tragedias laborales del continente. La magnitud humana del desastre, con cientos de trabajadores sepultados bajo el lodo, consolidó la percepción de que los controles internos y externos fallaron de manera simultánea. La coincidencia temporal entre ambos procesos judiciales impulsa una lectura conjunta sobre patrones de negligencia y repetición de riesgos.
Los juicios contra BHP en Londres y los acuerdos de Vale en Brasil exhiben un elemento común: la creciente presión internacional para exigir reparaciones amplias y acelerar compensaciones a comunidades afectadas. En ambos casos, los expedientes revelan advertencias técnicas previas, auditorías cuestionadas y reportes internos que señalaban inestabilidad estructural. La presencia de estas alertas, y su aparente desatención, se ha convertido en el punto más sensible para la opinión pública y para los reguladores que buscan evitar nuevos colapsos.
Otro factor de convergencia es la forma en que los litigios cruzaron fronteras. Mientras BHP enfrenta un proceso en Reino Unido por daños ocurridos en Brasil, Vale lidia con demandas en Europa y Estados Unidos además de sus compromisos en Minas Gerais. Este escenario evidencia un cambio profundo en las reglas de juego: la minería de gran escala ya opera bajo un escrutinio global, donde los afectados pueden recurrir a múltiples sistemas judiciales para exigir reparaciones más sólidas.
Mining giant BHP was found liable for the deadly 2015 dam collapse in Brazil. The country's worst environmental disaster unleashed a wave of toxic sludge that killed 19 people and left thousands homeless https://t.co/HTB7PxIkjV pic.twitter.com/gQxpvTfdK4
— Reuters (@Reuters) November 14, 2025
Lo ocurrido en Mariana y Brumadinho impulsa a gobiernos y organismos internacionales a revisar protocolos de seguridad y mecanismos de fiscalización. Las represas de relaves con tecnologías de mayor riesgo quedaron en el centro de las discusiones técnicas y políticas, y los reguladores buscan actualizar criterios frente a un sector que históricamente operó con márgenes amplios de discrecionalidad. La combinación de desastre social, daños ambientales y litigios transnacionales presiona por una actualización urgente del marco normativo.
BHP es responsable de daños ambiental. La justicia británica declara a BHP responsable del colapso de la represa en Mariana, que dejó 19 muertos y devastación masiva. El fallo de la jueza Finola O'Farrell, da paso a millonarias indemnizaciones por daños masivos. pic.twitter.com/Q3ZvHyRrN4
— antonio corcino (@acorcino) November 14, 2025
La simultaneidad de procesos judiciales, acuerdos financieros y reclamos comunitarios proyecta un escenario donde las grandes mineras enfrentarán controles más estrictos y un escrutinio que atraviesa fronteras. La experiencia de Minas Gerais se convirtió en advertencia para otros países con fuerte actividad extractiva, donde las represas de relaves siguen siendo puntos críticos sin supervisión suficiente. El mensaje final que dejan ambos desastres es claro: la tolerancia global frente a fallas repetidas está desapareciendo.