Universidades argentinas piden que se cumpla la ley de financiamiento: qué exigen

El financiamiento de las universidades nacionales volvió a colocarse en el centro de la discusión pública tras conocerse que el Presupuesto 2026 destina 4,8 billones de pesos al sistema universitario. Aunque representa un aumento respecto de 2025, los rectores rechazan la cifra y reclaman que se aplique la ley aprobada por el Congreso Nacional, que establecía un esquema de actualización progresiva. El tratamiento del Presupuesto se realizará en las sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre.

El reclamo del CIN: 7,2 billones para funcionar

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que para garantizar el funcionamiento básico de las universidades y recomponer los salarios docentes y no docentes se necesitan 7,2 billones de pesos en 2026. Desde la Casa Rosada ya anticiparon que no habrá reconocimiento a ese nivel de gasto, aunque distintos diputados aliados admitieron a Noticias Argentinas que podría evaluarse algún refuerzo adicional.

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno decidiera no aplicar la ley de financiamiento universitario, pese a que el Congreso había insistido en su aprobación tras el veto presidencial. El oficialismo argumenta que la norma “no especifica la fuente de financiamiento”, lo que generó fuertes críticas de la oposición.

El Presupuesto también establece criterios más estrictos en la administración de los fondos. Las universidades deberán presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias toda la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos.

El texto incluye una advertencia explícita: “El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”. Además, cada universidad deberá identificar en su presupuesto la clasificación funcional correspondiente a educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación, y presentar sus cuentas de inversión bajo ese mismo esquema.

Financiamiento educativo: sin aplicación

El Gobierno también confirmó que, por tercer año consecutivo, no pondrá en marcha la Ley de Financiamiento Docente, que exigía destinar el 6% del PBI a educación. Tampoco cumplirá con los niveles de inversión establecidos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) remarcó que el Ejecutivo dispuso “derogar los pisos de inversión de la Ley de Educación Nacional” y explicó que el cambio implica que las asignaciones quedarán “definidas anualmente por las respectivas leyes de presupuesto”.

La OPC recordó, además, que “el objetivo de inversión del 6% del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio” y agregó que el piso del 0,2% de los ingresos corrientes para la Educación Técnico Profesional solo se cumplió en su primer año, mientras que las metas de crecimiento para ciencia y tecnología “nunca fueron alcanzadas”.

GZ