Golpeado por el resultado electoral, Martín Llaryora avanzó con la presentación del Presupuesto 2026, un proyecto que promete una baja de impuestos “histórica” y que apunta a reposicionarlo en la disputa interna. Con un tono desafiante hacia la narrativa delasotista -cuyo hito es la rebaja del 30% impositivo aplicada por José Manuel de la Sota en 1999-, el mandatario aseguró que su propuesta ofrece “la mayor reducción en décadas”.
El esquema fiscal parte de un compromiso central: los aumentos no superarán la inflación y habrá recortes significativos destinados a estimular inversiones y aliviar la carga sobre sectores medios, bajos y productivos. En el impuesto inmobiliario urbano, que alcanza a casi 1,2 millón de cuentas, la suba quedará limitada al 29% de la inflación, lo que implicaría un aumento real nulo. Dentro de ese universo, 500 mil contribuyentes recibirán reducciones del 25%, con lo que la disminución total podría llegar al 41%, y en términos reales –una vez ajustada por inflación– rondaría el 54%.
En el impuesto inmobiliario rural, un sector que en la última elección se volcó con fuerza hacia La Libertad Avanza, también regirá el tope del 29%. Sin embargo, los productores que trabajen directamente su campo sumarán una quita adicional del 5%, que se articulará con el descuento del 25% para quienes cumplan con las “buenas prácticas agrícolas”. Llaryora, además, garantizó que el 98% de lo recaudado seguirá destinado al fondo de obras rurales, donde el mantenimiento de caminos concentra la mayor parte del gasto.
Según estimaciones oficiales, el costo fiscal total de esta batería de reducciones asciende a unos 600 millones de dólares. En el entorno del gobernador vinculan el plan a la dinámica económica nacional: “Es un presupuesto atado a la expectativa de crecimiento que planteó el presidente Milei. Si él no logra que Argentina crezca, será su responsabilidad. La nuestra, como Gobierno de Córdoba, es interpretar a los cordobeses; y entendemos que este presupuesto lo refleja”, repiten cerca de Llaryora.
El proyecto también incluye cambios en Ingresos Brutos. Para el 64% de pequeños y medianos comerciantes -aquellos con ingresos anuales inferiores a 88,1 millones de pesos- la alícuota bajará de 3,5 a 2,5 puntos. Asimismo, se prevé una tasa 0 para empresas que facturen menos de 3.200 millones de pesos y destinen hasta el 1,2% de sus ingresos a inversión.
En clave política, el presupuesto aparece como un movimiento de reposicionamiento. Si el cronograma se mantiene, Llaryora buscará la reelección en abril de 2027, lo más alejado posible de la contienda nacional. Con cierres de listas previstos para el verano 2026-2027, el año próximo estará atravesado por la lógica electoral en un PJ provincial que aún se muestra desordenado y sin cohesión.
GZ