El debate sobre quién decide sobre la tierra volvió a colocarse en el centro de la política regional. En Colombia, la jurisdicción agraria -pieza esencial del Acuerdo de Paz- enfrenta un bloqueo sistemático en el Congreso. En Brasil, la Ley del Marco Temporal redefine los derechos territoriales indígenas bajo criterios restrictivos. Ambos procesos muestran cómo la disputa por la tierra continúa moldeando la relación entre el Estado y las comunidades rurales.
En los dos países, la tensión entre Ejecutivo y Legislativo expone un patrón común: iniciativas que buscan ampliar derechos territoriales son frenadas por mayorías parlamentarias aliadas al agronegocio. Mientras campesinos e indígenas reclaman seguridad jurídica, las cámaras legislativas priorizan proyectos que preservan el statu quo, generando un escenario de creciente desconfianza institucional.
Las tácticas empleadas por los congresos son similares. En Colombia, la jurisdicción agraria queda relegada mediante cambios de orden del día, debates menores y rupturas de quórum que impiden siquiera abrir la discusión. Estas maniobras, repetidas durante semanas, han convertido un proyecto ya aprobado en letra muerta, afectando a millones de campesinos que dependen de una justicia especializada.
En Brasil, el Congreso utilizó su mayoría ruralista para aprobar la Ley del Marco Temporal, limitando los derechos territoriales indígenas al territorio ocupado en 1988. Aunque el Supremo Tribunal Federal cuestionó esta interpretación, la presión legislativa continúa y se combina con proyectos que criminalizan ocupaciones rurales, reforzando un clima de hostilidad hacia comunidades tradicionales.

El avance o retroceso de estas reformas definirá el futuro de los territorios rurales. En Colombia, el estancamiento amenaza con dilatar la implementación del Acuerdo de Paz y prolongar conflictos agrarios sin resolución judicial adecuada. En Brasil, las tensiones entre Congreso y Corte Suprema anticipan nuevas controversias sobre demarcación indígena, especialmente en regiones donde la violencia rural ya es estructural.

A nivel regional, la interferencia del lobby agropecuario emerge como un denominador común que condiciona las políticas públicas. Tanto en Bogotá como en Brasilia, las comunidades rurales perciben que sus derechos se subordinan a intereses económicos de alto impacto, mientras la institucionalidad estatal muestra dificultades para garantizar justicia territorial efectiva.