Bangladesh condena a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina en ausencia

La política más influyente de Bangladesh en las últimas dos décadas quedó este lunes en el centro de un terremoto institucional. Un tribunal especial de Daca condenó a muerte, en ausencia, a la ex primera ministra Sheikh Hasina, derrocada en agosto de 2024 tras una ola de protestas contra su gobierno. El veredicto reaviva tensiones profundas en un país marcado por crisis políticas recurrentes y una larga historia de enfrentamientos entre partidos, élites y fuerzas de seguridad.

Hasina, de 78 años, lideró Bangladesh durante casi 20 años de manera intermitente y se mantuvo como una figura dominante, polémica y poderosa. Hoy vive exiliada en Nueva Delhi, desde donde rechaza todas las acusaciones al considerarlas parte de una persecución política impulsada por sus adversarios.

Un juicio por crímenes de lesa humanidad

El Tribunal Internacional de Crímenes, creado para investigar violaciones graves de derechos humanos, dictaminó que Hasina fue responsable de ordenar una represión violenta contra protestas estudiantiles que se extendieron durante tres semanas en 2024. La movilización, que comenzó por reclamos laborales y educativos, escaló rápidamente hasta transformarse en una crisis nacional.

La sentencia sostiene que la exmandataria “incitó y toleró” cientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas policiales, así como detenciones arbitrarias y uso letal de la fuerza. Más de 300 personas murieron durante aquellas jornadas, mientras que otras 20.000 resultaron heridas en enfrentamientos que paralizaron al país. El tribunal también condenó a muerte al exministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, acusado de coordinar los operativos represivos, mientras que el exjefe de la Policía nacional, Chowdhury Abdullah Al-Mamun, recibió una pena de cinco años de prisión.

Asaduzzaman Khan Kamal, exministro del Interior, también fue condenado a muerte por su rol en la represión estatal durante las protestas de 2024.

Aunque el Tribunal Internacional de Crímenes opera desde hace más de una década, su imparcialidad ha sido objeto de debates dentro y fuera de Bangladesh. Distintos grupos de derechos humanos han señalado que, si bien el organismo permitió documentar abusos sistemáticos, también ha sido utilizado en ocasiones como herramienta política contra opositores. En este caso, varios observadores internacionales pidieron acceso al proceso, pero sus solicitudes fueron rechazadas.

La condena también reavivó las divisiones dentro del país, donde gran parte de la población sigue viendo a Hasina como una figura clave en el desarrollo económico y la estabilidad de los últimos años. Sus seguidores denuncian una “venganza política” y advierten que el fallo podría provocar nuevas movilizaciones, mientras que sus detractores lo celebran como una oportunidad para cerrar uno de los capítulos más violentos de la historia reciente.

Chowdhury Abdullah Al-Mamun, exinspector general de la Policía, recibió cinco años de prisión por su participación en los operativos que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.

Una sentencia que llega en pleno clima electoral

El fallo llega en un momento político especialmente sensible. Bangladesh se prepara para las primeras elecciones generales desde la caída de Hasina, previstas para febrero de 2026. La condena reconfigura el tablero electoral, alimenta tensiones entre el partido de la ex mandataria y la oposición, y vuelve a abrir debates sobre el rol del Poder Judicial y su independencia.

Analistas locales advierten que la sentencia podría influir en la estabilidad del país en los próximos meses, especialmente si sectores afines a Hasina intentan movilizar protestas o desafían al actual gobierno interino.

Reacción internacional y advertencias sobre derechos humanos

Desde Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, expresó preocupación por el uso de la pena capital y por las garantías procesales del juicio. “Se lamenta la imposición de la pena de muerte”, señaló, aunque también reconoció que la decisión representa “un momento importante para las víctimas de las graves violaciones” cometidas durante la represión

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, pidió garantías procesales y reiteró la oposición del organismo a la pena de muerte..

Organizaciones de derechos humanos mantienen una posición ambivalente: por un lado celebran que se investiguen abusos estatales, pero también alertan sobre la aplicación de condenas extremas en un país con antecedentes de procesos judiciales politizados.

Además, varias agencias internacionales recordaron que Bangladesh mantiene un historial complejo respecto a la pena de muerte y que este tipo de fallos suele tensar sus relaciones diplomáticas. En los últimos años, la Unión Europea y organizaciones regionales asiáticas han pedido en reiteradas ocasiones la abolición de las ejecuciones y una reforma profunda del sistema judicial. El caso Hasina vuelve a poner ese debate en primer plano y abre interrogantes sobre cómo responderán los aliados estratégicos del país en los próximos meses.

Una figura histórica rodeada de sombras

Sheikh Hasina es hija del fundador de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, asesinado en 1975 junto a gran parte de su familia. Su trayectoria estuvo marcada por intentos de magnicidio, alianzas cambiantes y una relación tensa con la prensa y con la oposición. Durante años fue celebrada por impulsar crecimiento económico y alfabetización, pero criticada por concentrar poder, limitar libertades civiles y endurecer el control estatal.

Sheikh Mujibur Rahman, líder de la independencia de Bangladesh y padre de Hasina, es una figura central en la política del país. Su legado sigue influyendo en la vida pública décadas después de su asesinato en 1975.

Hoy, con una condena de muerte dictada en ausencia, su futuro político y personal es incierto. Su defensa asegura que no regresará a Bangladesh mientras no existan “garantías mínimas de seguridad jurídica”. Lo que está claro es que el fallo no cierra un capítulo: lo abre. Y profundiza una crisis que marcará el rumbo de Bangladesh en los próximos años.